La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha reiterado este martes su reivindicación sobre la creación de un servicio fluvial de patrullaje en el Guadalquivir con base en Sevilla para combatir la creciente actividad de los clanes del narcotráfico en el río, considerando como mero "parche" el traslado de una patrullera que hasta ahora operaba en la costa de Cádiz.
"La desembocadura del Guadalquivir se ha convertido en una auténtica autopista para el tráfico de droga, como demuestran los últimos acontecimientos, así como el incremento de incautaciones. Solo en 2023, las incautaciones de cocaína en Sevilla crecieron un 97%, alcanzando las 30 toneladas a pesar de la baja presión policial", señala Jucil, alertando del riesgo de que Sevilla se convierta en un "nuevo hub logístico de la cocaína en España". El Gobierno central, por su parte, atribuye el uso del Guadalquivir por parte de narcolanchas al incremento de la "presión policial en las costas".
Jucil alerta además de que, en el conjunto de Andalucía, "desde la desaparición de OCON-Sur" —grupo especializado en la lucha contra el narcotráfico—, las incautaciones han descendido, mientras que la falta de medios y personal ha permitido que clanes criminales altamente organizados consoliden su presencia en la región.
En ese sentido, considera que el traslado de la patrullera Río Ulla desde Cádiz al Guadalquivir responde a "improvisaciones más que a una estrategia coordinada". "Sacar una embarcación de una zona tan crítica como la costa gaditana solo contribuye a dejarla aún más desprotegida", advierte la asociación, señalando que los medios actuales en Cádiz ya son insuficientes para hacer frente al constante tráfico marítimo de estupefacientes. Por ello, Jucil reclama la renovación urgente de la flota marítima con embarcaciones adecuadas.
Por otro lado, la asociación urge a modificar el Código Penal para tipificar el "petaqueo" —transporte y descarga de droga a pequeña escala— como delito específico. Recuerdan que el Senado aprobó esta medida en diciembre y está pendiente de debate en el Congreso.
"Es el momento de dar un paso más y blindar legalmente esta práctica como un delito tipificado en el Código Penal, que permita a los agentes actuar con mayor eficacia y a los jueces imponer penas proporcionadas", subraya la asociación. "El narcotráfico no entiende de demoras políticas. Requiere medios, personal y una legislación eficaz. No se puede seguir parcheando una situación que lleva años desbordada", concluye Jucil, alertando también de un aumento en la violencia de los clanes y el uso de armas de guerra.
