La Guardia Civil investiga a cuatro personas vinculadas con una multitudinaria concentración ilegal de vehículos que tuvo lugar en noviembre pasado en Lugo: a dos se le atribuyen supuestos delitos contra la seguridad vial por conducción temeraria, y otros dos son los organizadores de la 'quedada', investigados como cooperadores necesarios.
En el marco de la denominada 'Operación Brullen', la Guardia Civil investiga esta reunión multitudinaria, que congregó a unas 400 personas y 200 vehículos en el entorno de una estación de servicio en las inmediaciones de Lugo, y donde se produjeron numerosas maniobras peligrosas para los asistentes.
Como resultado de las pesquisas, por el momento hay cuatro personas investigadas, de entre 20 y 30 años de edad, por delitos contra la seguridad y por cooperación necesaria. En la investigación ha participado el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil.
Los investigadores detectaron varios vídeos publicados en redes sociales sobre esa concentración. Para disimular la principal finalidad del evento, la concentración se publicitó como una exposición de vehículos clásicos, pero era una excusa para llevar a cabo una concentración ilegal de vehículos, la mayoría de ellos modificados, y con una media de antigüedad inferior a los 10 años.
Así, en la cita se reunieron cientos de personas y vehículos, y se realizaron numerosas maniobras de conducción peligrosa, infringiendo la normativa de tráfico y seguridad vial, como derrapes (burn out) a escasos centímetros de los asistentes, y otros actos "extremadamente peligrosos", contraviniendo las más elementales normas de seguridad, y representando un peligro potencial para la integridad física.
La Guardia Civil ha recordado que se considera autores de estos delitos a las personas que realizan las maniobras y cooperadores necesarios a quienes ayudan a los anteriores en la ejecución de esos comportamientos. El Código Penal establece para este tipo de delitos, "en los que se manifiesta el desprecio por la vida", penas de hasta 2 años de prisión y retirada del carné de uno a seis años.
Además de dos investigados por esos delitos, los dos organizadores del evento también han sido denunciados por no garantizar la seguridad de la concentración y por no tener autorización, declaración responsable ni contrato de seguro.
