El inspector que dirigió la investigación contra Joakim Peter Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), ha aseverado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que Broberg "abastecía" de estupefacientes a organizaciones criminales que acudían a él para adquirir esas sustancias.

Según ha explicado, en 2019 las organizaciones suecas estaban tratando de establecer contactos con proveedores de droga españoles y lo hacían a través de figuras como la de Broberg, ya que tenía "contactos simultáneos entre los clientes y los proveedores" --principalmente marroquíes--.

"La dinámica que siempre hemos visto es la misma: Joakim Broberg negocia la venta de estupefacientes con unos clientes --marihuana y hachís-- y él, personalmente, enseña muestras. Y es su colaborador, Roberto Bayona, el que contacta con el proveedor y el que hace las entregas de droga", ha explicado.

Esto lo ha sustentado en seguimientos a la red investigada y a diversas intervenciones telefónicas en las que el principal encausado utilizaba jerga relativa a la venta o alquiler de pisos para referirse a la supuesta negociación de sustancia estupefaciente.

Al hilo, ha explicado que el origen de la investigación está en una solicitud de las autoridades suecas para realizar una serie de vigilancias a personas que eran objetivo de ese país. Y a raíz de las mismas, comprobaron que había vinculación con una red dedicada al narcotráfico en España que servía de canal de provisión de droga hacia países del norte de Europa.

La defensa de Broguer, por su parte, ha preguntado al investigador por ese arranque de la investigación, por cómo recibieron la información sueca y cómo lo trasladaron a la Fiscalía española. Al hilo, el investigador ha apuntado que toda la documentación que recibieron era "inabarcable" por lo que no trasladaron todo al detalle al Ministerio Público sino por medio de un informe.

Además, ha atacado que los agentes solicitaran autorización judicial para escuchar las conversaciones privadas de su cliente, partiendo de indicios que no ha considerado suficientes como para vulnerar ese derecho a la privacidad de las comunicaciones.