Cinco de los seis acusados por la actividad extractiva en la cantera Fuente de la Peña, en Jaén, se han declarado culpables de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Han aceptando una pena de seis meses de prisión, una multa de 720 euros y la obligación de restaurar el monte público La Solana, cuyo coste se determinará en ejecución de sentencia. La acusación contra uno de los imputados fue retirada tras un acuerdo para una sentencia de conformidad.

Por otro lado, un técnico de la Junta de Andalucía, acusado de prevaricación por emitir un informe favorable a la prórroga de la concesión minera sin cumplir los requisitos legales, ha sido condenado a dos meses y 15 días de prisión, sustituidos por multas de 900 y 540 euros, junto con tres años y seis meses de inhabilitación como asesor técnico en materia de minas.

Inicialmente, la Fiscalía pedía penas de hasta seis años para los responsables de la cantera y un año para el técnico, pero las condenas se redujeron por atenuantes como dilaciones indebidas, reparación del daño y confesión tardía. Los cinco condenados por delitos ambientales también enfrentan seis meses de inhabilitación para trabajar en empresas relacionadas con la extracción de minerales.

La restauración del espacio natural, supervisada por el Ayuntamiento de Jaén, será financiada por los condenados, tal y como informa Europa Press.

La reacción de los denunciantes

Ecologistas en Acción, que denunció los hechos junto a Andamios para las Ideas, celebra la condena, aunque lamenta que los daños al monte sean irreparables.  "Valoramos que ha habido una sentencia y una condena, es con lo que tenemos que quedarnos", ha dicho el responsable de Ecologistas en Acción en Jaén, Javier Ramírez, a los medios. Ha subrayado que lo importante es que "esa restauración se haga de verdad, que cuando acaben estemos contentos" porque lo ideal sería que "se quedara como estaba, como si nunca hubiera pasado nada, pero es imposible" porque "los daños son irreparables".

La Fiscalía de Medio Ambiente de Jaén impulsó el caso en 2018 tras la denuncia de Ecologistas, enfrentándose a intentos de archivo que la Audiencia de Jaén desestimó. La explotación, iniciada en 1981 sin licencia municipal y en suelo no urbanizable de especial protección, causó graves daños ambientales, como la alteración de la topografía y perjuicios al hábitat de especies protegidas. La cantera fue clausurada en 2017 tras protestas y decisiones administrativas. La sentencia, que será firme, recoge los términos del acuerdo.