La secretaria filipina de Justicia, Leila de Lima, indicó a la prensa que la medida durará en principio 60 días y añadió que está justificada porque todavía investigan las denuncias de fraude contra la exmandataria durante su mandato, que se prolongó desde enero de 2001 hasta junio de 1010.
Macapagal Arroyo tiene pendiente un caso de presunto fraude fiscal por la venta de los terrenos del antiguo aeropuerto de Iloilo (centro) por 1.800 millones de pesos (29,7 millones de euros o 42,4 millones de dólares) a la corporación Megaworld en 2007.
La primera denuncia mantiene que el Gobierno pagó al Tesoro Público 18 millones de pesos (297.000 euros o 424.000 dólares) de impuestos por la transacción, pero olvidó abonar los 72 millones de pesos (1,18 millones de euros o 1,69 millones de dólares) correspondientes a los beneficios de la operación.
El segundo caso, interpuesto por el ex fiscal general filipino Francisco Chavez, sostiene que Macapagal Arroyo desvió un fondo de 500 millones de pesos (8,24 millones de euros o 11,76 millones de dólares) destinado a ayudar a los trabajadores filipinos en el extranjero para financiar su campaña presidencial, en 2004.
El tercero y último proceso corresponde al desvío de 728 millones de pesos (12 millones de euros o 17,2 millones de dólares) destinados a la ayuda en la compra de fertilizantes.
