Almudena Martínez considera que este plan “es de vital importancia para las entidades locales porque crea empleo y propicia nuevas obras y la mejora de servicios públicos”. Avances que, a juicio de la presidenta de Diputación, “permiten igualar territorios”. El presupuesto de la nueva edición del Cádiz Marcha es inferior a la anualidad de 2024 –aún en ejecución- a la que se dedicaron 30,8 millones de euros. Al respecto, Sebastián Hidalgo ha explicado que, por decisión del Gobierno de España, se han vuelto a activar las reglas fiscales y las limitaciones que conlleva esta exigencia legal.
La presidenta de Diputación ha precisado que “con el Cádiz Marcha 2024 logramos el mayor presupuesto conocido”, desde que la institución provincial activa planes de inversiones financiados con el remanente de tesorería y enunciados en anteriores mandatos como planes Invierte o Dipu-Inver. “Pero, con la recuperación de las reglas fiscales, podemos lanzar esta nueva edición cuyo presupuesto está en el promedio de anteriores programas”, previos a la irrupción de la pandemia que justificó la suspensión de los principios que impone la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Ya en el debate con alcaldes y alcaldesas, Juancho Ortiz ha explicado que la actual cuantía “sigue el criterio de prudencia que aconseja el personal técnico para no superar la regla de gasto”.
Diputación podrá anticipar todo el coste de las intervenciones planteadas por las entidades locales. Cada ayuntamiento o junta vecinal podrá presentar, como máximo, dos actuaciones. El reparto del presupuesto se desglosa conforme a los datos poblacionales de cada localidad en relación a la demografía provincial. Conforme a este criterio se han determinado seis grupos:
Las localidades que reúnen, al menos, un 2 por ciento de la población provincial percibirán, cada una, 445.000 euros. Pertenecen a este grupo: Jerez, Algeciras, Cádiz, San Fernando, El Puerto de Santa María, Chiclana, Sanlúcar de Barrameda, La Línea, Puerto Real, San Roque, Arcos y Rota.
- Las situadas entre el 1 y el 2 por ciento de la población provincial recibirán 325.000 euros. Son: Los Barrios, Conil, Barbate, Chipiona, Tarifa, Ubrique y Vejer.
- A las comprendidas entre el 0,5 y el 1 por ciento de la demografía provincial se les asigna 275.000 euros. Son: Villamartín, Medina, Olvera, Bornos, Trebujena, Jimena, Puerto Serrano y Benalup-Casas Viejas.
- Los municipios en el rango entre el 0 y el 0,5 por ciento de la población provincial percibirán 250.000 euros. Se trata de: Prado del Rey, Algodonales, Paterna, Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, San José del Valle, Espera, Castellar, Setenil, San Martín del Tesorillo, El Bosque, Grazalema, El Gastor, Algar, Zahara de la Sierra, Torre Alháquime, Benaocaz y Villaluenga del Rosario.
- Las entidades locales autónomas con más de 3.000 habitantes recibirán 150.000 euros. Es el caso de Guadalcacín y La Barca de la Florida.
- Y las entidades locales autónomas con menos de 3.000 habitantes percibirán 100.000 euros. Son: Nueva Jarilla, Estella del Marqués, Facinas, El Torno, Torrecera, Zahara de los Atunes, San Isidro del Guadalete y Tahivilla.
Tras la presentación el proyecto se regulará en un decreto que suscribirá la presidenta de Diputación. Este documento se divulgará en los portales de transparencia y edictos de la institución provincial, además de notificarse a todas las entidades destinatarias. Este trámite abrirá un plazo de cinco días hábiles para la remisión de los proyectos de cada localidad. Este conjunto de iniciativas se elevará al Pleno de Diputación del próximo mes de julio para su aprobación inicial que será definitiva si, tras su difusión en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, no se registran alegaciones.
En cuanto a la entrega de documentación se han precisado los siguientes plazos: la entrega de proyectos aprobados, memorias técnicas o pliegos, en el caso de obras menores o suministros, se fija el 22 de septiembre de 2025 como fecha límite; para intervenciones no menores se admite la entrega del expediente de contratación, ya aprobado, hasta el 30 de octubre. El plazo máximo de ejecución de las actuaciones expirará el 20 de octubre de 2027, mientras que el de justificación llegará hasta el 30 de octubre de 2027.
