La reforma del Reglamento del Congreso planteada por el PSOE y sus aliados para permitir sanciones a periodistas acreditados que obstaculizan la labor parlamentaria y de la prensa en la Cámara, a los que definen como "pseudoperiodistas", ha dado este martes un nuevo paso en su tramitación al rechazarse los textos alternativos que habían presentado el PP y Vox, que consideran que las normas del Congreso ya otorgan competencias a la presidencia de la Cámara para mantener el orden público en dependencias parlamentarias y que lo único que se busca es silenciar a medios críticos.
Esta proposición de ley, registrada después de una serie de incidentes protagonizados por periodistas acreditados de medios digitales que se han enfrentado a políticos y otros informadores, trata de regular la renovación de las credenciales de los informadores que concede la Cámara e introducir un régimen sancionador para aplicarlo a las personas acreditadas que perjudiquen la actividad de la institución o el trabajo de otros representantes de los medios.
Con este texto, el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, pretenden dar respuesta a las peticiones de diferentes colectivos profesionales de periodistas pidiendo medidas para "evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo". Su objetivo, según subrayan estos grupos, no es restringir la labor de los profesionales de la información, sino actuar contra "activistas de ultraderecha" que asisten a ruedas de prensa.
UN CONSEJO DE DIPUTADOS Y COLECTIVOS PROFESIONALES
El Reglamento del Congreso, que data de 1982, encargó a la Mesa de la Cámara la concesión de acreditaciones a representantes de los medios, pero la nueva reforma busca regular el procedimiento para la renovación de las mismas y fijar "los requisitos que resulten exigibles". También se crea un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, con un miembro de cada grupo y representantes de los colectivos profesionales, que podrá proponer sanciones contra un informador acreditado, aunque la última palabra la tendrá la Mesa.
Así, se obligará a los informadores acreditados a respetar "las reglas de cortesía parlamentaria" y las directrices de la Mesa, nadie podrá realizar grabaciones sin estar acreditado y los grupos podrán designar a una persona que coordine sus encuentros informativos. Y habrá sanciones para quienes incumplan estas normas, con castigos que pueden llegar a la suspensión de las credenciales por un tiempo determinado o incluso su revocación definitiva.
La proposición de ley fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 20 de mayo y sus promotores pidieron tramitarla por el procedimiento de urgencia, acortando los plazos parlamentarios a la mitad. Su plan es habilitar cuantas sesiones parlamentarias sean necesarias para aprobarla este verano para que esté en vigor al inicio del próximo periodo de sesiones.
En el Pleno del Congreso de este martes se han debatido y rechazado las enmiendas de totalidad que han presentado el PP y Vox, los dos partidos que, junto con UPN, votaron en contra de admitir a trámite la reforma.
PP: LA PRESIDENTA YA TIENE MEDIOS PARA EXPULSAR A ALBOROTADORES
La propuesta alternativa del PP, defendida por Cayetana Álvarez de Toledo, elimina todo lo relativo a la regulación de las acreditaciones de prensa al considerar que la Presidencia del Congreso tiene ya atribuidos los poderes de policía en dependencias parlamentarias y de mantenimiento del orden, pudiendo "adoptar cuantas medidas considere oportunas", incluyendo la expulsión y puesta a disposición judicial a las personas que perturbaren el orden público.
"Por lo tanto, el mantenimiento del orden y las posibles actuaciones que hubieran de adoptarse a tal fin en el interior del Congreso, en todas sus dependencias, es una función que corresponde en exclusiva a la Presidencia por mandato constitucional. Cualquier pretensión para hurtar esa facultad y delegarla en la Mesa o en cualquier otro órgano de la Cámara conculcaría ese principio general, por ausencia de competencias para ello", argumenta el PP.
El Grupo Popular sí que salva la segunda parte de la proposición de ley del PSOE y sus socios, que ampliará los supuestos en los que los diputados pueden solicitar el voto telemático para que puedan hacerlo cuando tengan que atender a familiares cercanos o cuando se produzca su fallecimiento. El objetivo, reza el texto, es "poder compatibilizar el ejercicio del cargo con situaciones de evidente, grave y excepcional trascendencia".
Vox, por su parte, "rechaza totalmente" las medidas para regular el derecho de información en el Congreso, pero ha querido aprovechar su enmienda de totalidad para presentar una reforma alternativa del reglamento recopilando buena parte de sus reivindicaciones de los últimos años.
VOX BUSCA ELIMINAR LAS LENGUAS COOFICIALES
En su propuesta, defendida por José Maria Figaredo, los de Santiago Abascal proponen suprimir el uso de las lenguas cooficiales que se ha estrenado esta legislatura, regular la fórmula de acatamiento de la Constitución de los nuevos diputados para evitar añadidos, recortar a la mitad el número de comisiones parlamentarias, exigir informes jurídicos al presentar proposiciones de ley, y prohibir el préstamo de diputados a la hora de constituir grupo parlamentario, entre otras medidas.
Tanto el PP como Vox entienden que, detrás de la reforma hay un intento por "amordazar" a medios críticos con el Gobierno y sus aliados, algo que ha sido negado por los proponentes recordando que esos periodistas no buscan informar, sino hacer activismo de "ultraderecha" y "reventar" ruedas de prensa buscando apoyos en redes sociales. "Sicarios", los ha llamado Martina Velarde, de Podemos.
Al final, el Pleno del Congreso ha rechazado los textos alternativos del PP y del Vox, que se han votado mutuamente pero sólo han sumado 166 votos frente a los 174 del PSOE, Sumar y sus aliados.
Tras la votación, la reforma del PSOE y sus aliados sigue su curso y, este mismo miércoles, los grupos deberán presentar sus enmiendas parciales. Después los textos se discutirá a puerta cerrada el día 14 en ponencia y el día 17 ya habrá un debate público en la Comisión de Reglamento para dejar listo un dictamen que se debatirá y votará en el 'Pleno escoba' que se prevé celebrar en torno al 22 de julio.
