Joaquín, Laura, Laurita y su perro han abandonado voluntariamente la vivienda en la que han residido durante los últimos 18 años tras acatar la orden de ejecución de desahucio que pesaba sobre el inmueble. No lo han hecho sin más. Durante casi dos horas han permanecido encerrados en el piso de la quinta planta en el que residían, mientras en el rellano tanto Kika González, portavoz de Ganemos Jerez, como Raúl Ruiz Berdejo, portavoz de IU, negociaban con el representante de una gestora, Diagonal Company, que acudió en representación de la sociedad demandante, el fondo Coral Home.
En la calle, vecinos y representantes de colectivos como Jerez por la Vivienda, Adelante Jerez, la Flampa y Marea Violeta, se concentraban con pancartas y consignas de apoyo a la familia a la espera de que se pudiera alcanzar una solución que evitara esta "injusticia".
"La resistencia ha sido respetuosa y dura. Siento que no haya podido ser", confesaba abatida Kika González tras consumarse el desahucio. Tras ella, recibidos con aplausos, vítores de apoyo y voces de "terrorismo policial", Joaquín, su mujer y su hija, "derrotados". Así ha sido como lo ha expresado el propio Joaquín en primera persona a las cámaras de 7 TV Jerez. "Nos vemos en la calle sin nada".
La familia decidió encerrarse en el piso poco antes de la llegada de las autoridades con la orden de desahucio, a la espera de que se le pudiera dar una solución a la situación a través de la compra o el alquiler de la vivienda, "pero no han hecho nada por atender nuestra oferta. No ha contestado ninguno", exponía Joaquín, quien a partir de ahora no tiene más remedio que buscar "algo baratito" que poder alquilar para rehacer sus vidas. Desde el Ayuntamiento le han ofrecido alojarse temporalmente en un hotel hasta solucionar lo del nuevo alquiler, pero en el hotel no pueden instalarse con el perro: "No lo puedo dejar tirado. Es uno más de la familia", señalaba desconsolado.
La portavoz de Ganemos, que ha seguido todo el proceso de la familia desde que les llegó la notificación del desahucio, lamentaba que durante toda la mañana no hubiese aparecido "nadie que represente al banco, ya que no se podía llegar a un acuerdo con el representante de la gestoria que había venido. No había nadie con capacidad de decisión ni nadie con quien llegar a un acuerdo. No han dado la cara".
No obstante, fuentes consultadas por este periódico han confirmado que el citado inmueble dejó de pertenecer a la entidad bancaria a la que apelaban, Caixabanc, hace varios años, tras incluirlo junto a otros activos que fueron vendidos al fondo Coral Homes, que es, de hecho, quien interpuso el procedimiento judicial que ha desembocado en el desahucio y quien ha tenido la última palabra a la hora de rechazar la oferta de la familia.
Una de las cuestiones clave de la negociación ha estado centrada, de hecho, en la oferta de compra que Joaquín había realizado a la propiedad. "La oferta de compra la tienen, se la he enseñado, pero está rechazada. Hemos pedido una comparecencia judicial para que expliquen por qué rechazan esa oferta de compra; si quieren más dinero, o la razón por la que se niegan, para que el juez valore si se protege el derecho a la vivienda de la familia, pero el juez ha dicho que en este caso prevalece lo que diga la entidad, y han dicho que no".
"Es muy duro ver a una familia tener que irse de su vivienda cuando tienen capacidad para comprar y ningún sitio dónde ir. Por eso no han venido, porque no tienen capacidad de soportar, de ver esto que vemos los demás", señalaba González.
Durante las más de dos horas de concentración se han vivido momentos de tensión, sobre todo ante la presencia policial y por las malas noticias que iban llegando hasta la calle a partir de una negociación en la que ni siquiera se aceptó la solicitud de una prórroga hasta el viernes para que la propiedad pudiera valorar la oferta de compra, incluso para negociar y hablar con alguien de la entidad con capacidad de decisión, "ya que la persona que ha venido decía que sólo obedecía a la comisión, y la comisión que lo que dijera el banco. Así hemos estado hora y media".
Ayuntamiento
La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se refirió a los hechos a primera hora de la mañana subrayando que "desde el mes de marzo se está trabajando con esta familia", aunque advirtiendo al mismo tiempo que se trataba de un "desahucio entre particulares, no es vivienda pública ni municipal, lo cual creo que es importante".
Según ha explicado, desde Inclusión social se le han ofrecido a la familia los recursos necesarios para que busquen vivienda alternativa, "de manera que el Ayuntamiento pagaría el primer mes de alquiler y la fianza de la vivienda que consigan, y una vez encuentren vivienda alternativa estaremos pendientes, porque no vamos a permitir que se quede nadie en la calle". Pelayo también ha explicado que la familia afectada "no es usuaria de los servicios sociales y no se encuentran en situación de vulnerabilidad".
