Una oficina de atención a las personas afectadas por el desahucio de su vivienda. Es la propuesta que planteó ayer el Colegio Oficial de Abogados al Ayuntamiento con el objetivo de prestar asesoramiento legal por parte de abogados especializados, sin coste para el usuario, a personas que sufran esta medida. El Consistorio lo analizará “con toda la sensibilidad posible”.   A lo largo del pasado año se llevaron a cabo 878 desahucios a propietarios que no podían afrontar el pago de la hipoteca, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pese a que representa una reducción sensible del 9,57 por ciento respecto a los 971 de 2010, el incremento acumulado desde que estallara la crisis es altísimo. Casi se han multiplicado por tres.   Ante esta realidad, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados propuso al Ayuntamiento la creación de una oficina de atención a las personas afectadas por estos desahucios. El decano, Vicente Oya, explicó que el órgano pretende poner en marcha una Oficina de Intermediación Hipotecaria, una iniciativa que ya funciona en otras ciudades. El objetivo no es otro que “prestar asesoramiento legal por parte de abogados especializados, sin coste para el usuario, a las personas que lo sufran”.   El decano explicó que la iniciativa podría contar con la colaboración del Ayuntamiento como intermediario e, incluso, de las propias entidades financieras. El servicio incluiría asesoramiento legal integral y la mediación entre las entidades y las personas afectadas para evitar que se produzca el desahucio. De esta forma, se plantearían soluciones que eviten que las familias se queden en la calle, como la entrega de la casa pero con un contrato de alquiler de larga duración.   El Ayuntamiento estudiará la propuesta. El alcalde aseguró que la analizarán “con toda la sensibilidad posible”. No obstante, se comprometió a ofrecer pronto una respuesta definitiva.   Inquietud por la paralización de la Ciudad de la Justicia El alcalde, José E. Fernández de Moya, aprovechó el encuentro para trasladar a los abogados su inquietud por la futura Ciudad de la Justicia “que debería estar hecha”. Instó, por tanto, a la Junta a que se ponga fin al pago de 1,2 millones de euros en alquileres de sedes judiciales ubicadas en la ciudad.   Por ello, Fernández de Moya manifestó que este asunto es “una prioridad” para los jienenses. Así, reivindicará la infraestructura “con uñas y dientes” una infraestructura que sí está funcionando en otras capitales de provincia andaluzas.