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Jaén

El traslado del hípico le costará al Ayuntamiento cuatro millones

Un juez lo condena por la operación urbanística de 2009 cuando se trasladó hasta Cerro Molina

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  • El alcalde y Miguel Contreras -

El Ayuntamiento acumula una nueva sentencia condenatoria que engorda una millonaria lista de pagos pendientes. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Jaén ha condenado al Consistorio a pagar más de cuatro millones de euros a la mercantil Fuconsa, propietaria de los terrenos como consecuencia del convenio urbanística derivado del traslado del Campo Hípico en 2009 desde su anterior emplazamiento en La Alameda. El fallo habla de “negligencia” municipal al no haber pagado, seis años después, a los dueños de los terrenos expropiados.


Como quiera que la sentencia no es firme, el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, anunció ayer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aunque trasladó toda responsabilidad (incluso de tipo penal) al gobierno de la exalcaldesa Carmen Peñalver. El recurso municipal sostiene que todo el procedimiento “incurre en causa de nulidad de pleno derecho” y para ello, según relató el alcalde, la expropiación de los terrenos, por un decreto de la exalcaldesa de 22 de julio de 2009, se hizo sin informe favorable de la Intervención (que advirtió que no había crédito consignado para la operación), del secretario general, de la asesoría jurídica y del pleno municipal (solo se aprobó por PSOE e IU). Otros vicios observados, apuntó el alcalde, fueron la no modificación del PGOU para darle carácter de suelo urbanizable a los terrenos o la ausencia de estudio de impacto ambiental.


Fernández de Moya reveló un decreto de la anterior alcaldesa, con fecha 10 de junio de 2011 (un día antes de dejar la alcaldía) dejando sin efecto toda la tramitación relativa al traslado del hípico, algo que no impidió a los propietarios de los terrenos reclamar al Ayuntamiento más de cuatro millones de euros (contando los intereses acumulados en esta operación urbanística).


Por su parte, el edil de Hacienda, Miguel Contreras, indicó que fue una notaria la que paralizó el proceso al negarse a inscribir estos acuerdos. “Suponían un delito y más teniendo en cuenta que se aprobó con informes negativos de la intervención y con reparos verbales del secretario, del jefe de planeamiento y del oficial mayor”, señaló Contreras.

El PSOE habla de varapalo al alcalde

Para el PSOE, la sentencia del hípico es un “varapalo” para el alcalde.  La portavoz socialista, María del Mar Shaw, dijo que el fallo revela “los intentos del PP por declarar la nulidad del pleno derecho del expediente amparándose en sus propios errores en el procedimiento administrativo, lo que demuestra que no actúa bajo los principios de buena fe y confianza legítima”. “El alcalde peca de una nefasta gestión y una dilatación en el tiempo de un proceso con el que el Ayuntamiento suma ya 20 millones de deudas en sentencias”, y sostiene que si el PP hubiese hecho el aparcamiento del Hípico los 12 millones de ingresos previstos en 2015 “podrían haber amortizado la sentencia”.

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