En una entrevista con Efe, Tena y la jefa del servicio de Biología de este organismo, Gloria Vallejo, explican que “sería muy difícil” abordar todas esas identificaciones porque supondría un gasto “incalculable” en “inversión de tiempo y de personal”.
En cuanto al gasto económico, las pruebas genéticas a todos esos desaparecidos tendrían un coste total superior a los 137 millones de euros, teniendo en cuenta, señalan, que una normativa de 1999 fija en unos 1.200 euros el precio público de un análisis de ADN en una muestra de esa antigüedad.
Por todo ello, la directora del Instituto Nacional de Toxicología, que cuenta con laboratorios en Madrid, Barcelona, Sevilla y Tenerife, cree que las pruebas de ADN deben ser “la última opción”, “el último eslabón de la cadena” tras recurrir a estudios históricos y antropológicos para una identificación previa, lo que se traduciría en “el menor número posible de análisis”.
Respecto al ofrecimiento del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de poner a disposición de Garzón los servicios del INT para las identificaciones, Tena matiza que abordar esa tarea “supondría una carga que estaríamos dispuestos a asumir, pero no de manera inmediata”.
“Sería un trabajo que se alargaría años”, pronostica, al destacar que se trataría de “un trabajo extraordinario”.
