La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha atribuido este viernes al “feudalismo judicial” que se le impida remunicipalizar el agua de la capital catalana, en referencia a que el Tribunal Supremo haya dado esta semana la razón a la empresa público-privada que encabeza la mercantil Agbar, que recurrió la sentencia en su contra que en 2016 dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Yo creo que hay una especie de feudalismo judicial que requiere revisar seriamente cómo está funcionando esta cúpula judicialEn una entrevista en Rac1, Colau ha dicho que con esta resolución del Supremo ella tiene “un poco más difícil” tomar el control del agua de la ciudad, aunque no se dejará “intimidar” por el pronunciamiento judicial que le quita la razón.
La primera edil de Barcelona ha indicado que la sentencia que le impide remunicipalizar el agua de Barcelona ha sido una “sorpresa” y se ha preguntado por qué el recurso de Agbar “ha cambiado tres veces de sala hasta llegar -oh, casualidad- a la misma sala que decidió que la sentencia de las hipotecas no se podía aplicar porque ponía en peligro a las entidades financieras”.
Asimismo, Colau se ha referido a que “otro dato curioso” es que “Agbar tiene un convenio con el Consejo General del Consejo Judicial para impartir formación a sus jueces en materia de agua”, en referencia a que, por extensión, esto habría podido influir en la sentencia conocida esta semana.
"Mal funcionamiento judicial"
A este respecto, la alcaldesa ha señalado que el pronunciamiento del Supremo en cuestiones como el agua o la banca genera “mucha perplejidad ciudadana”, algo que atribuyó a un “mal funcionamiento de la cúpula judicial”. “Yo creo que hay una especie de feudalismo judicial que requiere revisar seriamente cómo está funcionando esta cúpula judicial“, ha afirmado.
Con estas declaraciones a Rac1, Colau expresaba su rechazo a que el Supremo haya dictaminado esta semana que no se puede retirar a Agbar la competencia del agua de Barcelona, con lo que se revocaba lo dictaminado en 2016 por el TSJC. Las acciones del consorcio que controla el agua son un 70% de Agbar, un 15% del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y otro 15% de Criteria Caixa.
El Alto Tribunal ha concluido que hay que diferenciar entre competencias municipales y municipalización de los servicios públicos, al tiempo que apunta que anteriores intentos de remunicipalizar el agua de Barcelona -en 1966 y 1982- no tuvieron éxito.
