La relación contractual que, desde 1961, unía a la empresa Castillo con el Ayuntamiento para la prestación del servicio de transporte urbano ya es historia. El Pleno del Ayuntamiento de Jaén ha dictaminado este jueves la nulidad definitiva del acuerdo con la empresa Herederos de José Castillo para la prestación del servicio de autobuses urbano de viajeros en la capital y ha facultado al alcalde, Julio Millán, para nombrar a los interventores técnicos que acometerán la liquidación con la empresa y a comenzar el procedimiento para la licitación del contrato. El punto se aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno, PSOE y Cs, en contra de Adelante Jaén y Vox, y la abstención del PP.
“Hoy es un día histórico para la ciudad por cuanto se lleva a término la nulidad definitiva de un contrato que nunca salió a licitación pública. Hemos dado un paso que da aire fresco a la relación del Ayuntamiento con la prestación de los servicios públicos y sobre todo hemos dado normalidad a una situación anómala”, destacó el regidor jiennense para darle trascendencia al Pleno. “Este es un gran paso para subsanar una anomalía de 60 años. Cuando comenzamos esta andadura teníamos claro que había que acabar con ese conformismo del Ayuntamiento. Hoy demostramos que cumplimos con la gente. Cumplimos con lo prometido, cumplimos con Jaén y seguimos en este camino”, remarcó la portavoz de Cs , María Cantos.
Según explicó el concejal de Servicios Públicos y Contratación, Francisco Lechuga, el Ayuntamiento publicará en unos días en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el anuncio para la licitación por procedimiento abierto del futuro contrato que tendrá una duración de 10 años, rompiendo así la dinámica existente. Mientras se suceden los plazos de esta licitación el Ayuntamiento formalizará un contrato puente, fórmula que permite la UE, para prestar el servicio temporalmente durante no más de dos años. Lechuga dijo que en lugar de hacerlo por procedimiento menor se va a habilitar un procedimiento público a través del anuncio en el Boletín oficial de la Provincia (BOP) para que concurran quienes lo deseen. Además, resaltó que la situación del Ayuntamiento impide la prestación directa del servicio, como pedían algunos grupos políticos y colectivos sociales. Ante el temor a que cunda el miedo a un vacío en el servicio, Lechuga llamó a la tranquilidad a la población y a los empleados de Castillo, recordando que la empresa por la Ley de Contratos no puede dejar de un día para otro el servicio hasta que no se asuma por la vía del contrato-puente. El concejal indicó que ha existido un contacto “constante” con la empresa Castillo para realizar todo este proceso, aunque ha admitido que existen varios requerimientos hechos a la empresa para tener acceso a datos sobre viajeros, control del servicio de canceladoras de billetes implantado hace no muchos años o inspección de las líneas y trayectos por parte de los funcionarios municipales “a los que reiteradamente se ha negado la empresa o no ha colaborado lo suficiente”.
El concejal del PP Javier Carazo justificó la abstención de su grupo en la falta de un proceso de negociación previa. Los populares advirtieron sobre la posibilidad del coste extraordinario que podría suponer este procedimiento para las arcas municipales “algo que el Ayuntamiento no se puede permitir”. Según Carazo, “hay que caminar con pies de plomo” y manifestó que el Consejo Consultivo de Andalucía “no ha recogido los hechos y fundamentos jurídicos propuestos por el equipo de gobierno. Interpreta Carazo que la alegación municipal no es la correcta, ya que el órgano consultivo habla sobre la legalidad del contrato de 1987 e incluso de 1971, y no la prórroga de 2005 esgrimida por PSOE y Cs para acudir al Consultivo.
Mientras tanto, miembros y colectivos que componen el Comité de Apoyo a la Consulta Popular presentaron en el registro municipal del Ayuntamiento la iniciativa de consulta popular para la recuperación del servicio de autobuses urbanos ene Jaén. La iniciativa va avalada por 6.638 firmas, de ciudadanos, un número mas que suficiente según la ley (en el caso de Jaén se exigen 6.150) para que el Pleno le de el trámite correspondiente. La portavoz del colectivo, Mar Rodríguez, lamentó que el actual equipo de gobierno “apueste unilateralmente por una nueva privatizacióÌn, por poner nuevamente en manos privadas este servicio esencial. No hay razones ni argumentos que justifiquen ni legitimen esta postura”.
