Un administrador independiente trabaja desde principios de año en "las actuaciones necesarias para la liquidación y extinción de la Cámara de Comercio e Industria de Jaén", según han informado a Europa Press desde el Gobierno andaluz.
Tras el proceso de licitación abierto por la Dirección General de Comercio de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad al que concurrieron cuatro licitadores, el contrato se adjudicó por 96.800 euros a Landwell-Pricewaterhouse-Coopers Tax & Legal SL (PwC). Fue formalizado el 13 de enero de 2021 y tiene una duración de 14 meses.
Según han explicado las referidas fuentes, "la Comisión Gestora de la Cámara de Comercio de Jaén constató que existían varias causas de extinción de las contempladas en la ley" y, dada la situación del ente, propuso a la Dirección General de Comercio su liquidación y extinción.
"Como la ley establece que tiene que hacerlo un administrador independiente, se ha adjudicado a Landwell-Pricewaterhouse-Coopers Tax & Legal SL (PwC), que está haciendo las actuaciones necesarias para la liquidación y extinción", han añadido.
Fue en octubre de 2017 cuando la Junta de Andalucía constató que la Cámara de Comercio e Industria estaba "abocada a su extinción", ante la inexistencia de candidaturas para formar y constituir el pleno en el proceso electoral abierto ese mismo ejercicio. Y ello en el contexto de grave crisis en el que se hallaba inmersa desde unos años antes, con una deuda que rondaba los cinco millones de euros.
Sin embargo, hasta 2020 no se inició el proceso para su liquidación y extinción, debido a que no se regulaba en la Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. De este modo, hubo que esperar a la aprobación de la Ley 4/2019, de 19 de noviembre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía, donde se contempla ya el procedimiento para este tipo de casos.
SUPUESTOS
La memoria justificativa para la contratación de los servicios de liquidación y extinción expone que en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén concurren los dos supuestos del artículo 56.1 de la norma autonómica. En él se precisa que se procederá a la extinción de las cámaras cuando concurran circunstancias objetivas que hagan manifiestamente imposible solucionar la situación de inviabilidad económica y cuando no sea posible la celebración de elecciones y la consiguiente constitución de los correspondientes órganos de gobierno del ente.
La Cámara jiennense, una de las seis más antiguas de España, arrastraba serias dificultades desde hacía años. Se hicieron especialmente visibles con la dimisión en marzo de 2014 del presidente, Luis Carlos García, por lo que la Junta intervino como administración tutelante ante una situación ruinosa con una deuda que rondaba entonces los seis millones de euros y con la plantilla en huelga por impagos.
De este modo, se creó una gestora para pilotar el proceso electoral para designar a una nueva dirección. Hubo una única candidatura: la de Manuel Barrionuevo, que accedió a la presidencia del organismo en julio de 2014. Con su equipo, en los poco más de dos años que estuvo al frente trató de buscar soluciones para garantizar la viabilidad de una entidad con más de un siglo de historia, como la venta a la Diputación de su edificio en la calle Hurtado.
Algo que, finalmente, no se pudo conseguir y en octubre de 2016 se produjo la dimisión en bloque de la directiva. Entonces, se conformó una comisión provisional de gobierno de la Cámara de Jaén que en marzo de 2017 recomendaba por unanimidad de sus integrantes el inicio de un proceso electoral para los órganos de dirección. En julio ese año se constituyó la comisión gestora encargada de llevar a cabo las elecciones en la entidad y, al no concurrir candidaturas, se planteó la necesidad de extinción.
De forma paralela, además, el estado de la Cámara de Comercio e Industria de Jaén llegó a los tribunales después de que la Junta, durante su intervención, encargara una auditoría que vino a constatar la "pésima gestión" realizada entre 2012 y 2013 y que también detectó "posibles operaciones irregulares" por más de 200.000 euros. Por ello, visto el resultado trasladó el informe a la Fiscalía.
Se abrió una investigación en el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén en el marco de la que se detuvo a siete personas vinculadas al equipo rector de la institución por presuntas irregularidades cometidas entre 2010 y 2014. No obstante, el caso fue archivado definitivamente a finales de 2019 al considerarse que las irregularidades no eran constitutivas de delito, estaban prescritas o no quedaban acreditadas con indicios suficientes.
