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Jerez

Jerez, la ciudad más poblada de Andalucía que no ha presentado las cuentas de 2023

Cádiz es la segunda provincia con mayor número de ayuntamientos incumplidores de más de 50.000 habitantes

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  • Ayuntamiento de Jerez. -

Jerez fue la ciudad de mayor población de Andalucía cuyo Ayuntamiento no presentó la Cuenta General de 2023 en tiempo y forma, según el informe anual publicado por la Cámara de Cuentas de Andalucía.

En concreto, hasta 17 ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes no rindieron sus cuentas en plazo, dándose la circunstancia de que cinco de ellos pertenecen a la provincia de Cádiz (Cádiz, Chiclana, El Puerto y Sanlúcar, además del de Jerez).

El resto de municipios incumplidores fueron los de Benalmádena, Fuengirola, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Vélez-Málaga (Málaga), El Ejido y Roquetas de Mar (Almería), Jaén y Linares (Jaén), y Utrera (Sevilla).  

El informe detalla también el grado de cumplimiento de las entidades locales autónomas (ELA). La que acumula una mayor demora es la de Estella del Marqués, que no presenta sus cuentas en tiempo y forma desde 2013, mientras que en el caso de La Barca de la Florida las últimas cuentas registradas son de 2018. San Isidro, Nueva Jarilla, Torrecera y El Torno tienen pendiente la de 2023 y Guadalcacín es la única que se encuentra al día.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha publicado su informe anual sobre la rendición de cuentas del sector público local andaluz correspondiente al ejercicio 2023, en el que advierte de que “de manera reiterada año tras año, se constatan los bajos porcentajes de rendición de las entidades locales”.

De manera que, aunque se ha observado “un incremento en la rendición del ejercicio 2023 frente al 2022 de algo más de un punto porcentual”, el porcentaje total de entidades que cumplen con esta obligación sigue sin superar el 50%.

Según los datos recogidos por el ente fiscalizador,”460 entidades, un 51,45%, no han rendido la Cuenta General de 2023”, lo que, según apunta, afecta a la transparencia y control de la gestión económico-financiera de los fondos públicos en la comunidad autónoma. El informe señala que “los ayuntamientos que rinden cuentas representan un 58,62% de la población de Andalucía”.

El análisis por tramos de población revela que los mayores índices de no rendición se concentran en los ayuntamientos de mayor tamaño -los de más de 50.000 habitantes- y en los de menos de 5.000 habitantes, donde se registran unos mayores índices de no rendición con un 56,67% y 49,53%, respectivamente.

Por provincias, el informe destaca “los altos niveles de no rendición alcanzados por las provincias de Cádiz (64,44%) y Almería (53,4%), seguidos de las provincias de Sevilla (51,89%) y Málaga (51,46%)”. Además, de las ocho diputaciones provinciales andaluzas, “las de Cádiz, Granada y Málaga no han rendido las cuentas de 2023”.

La reincidencia en el incumplimiento es otro aspecto relevante. “Hay 153 entidades que son reincidentes en la falta de rendición de las cuentas, al no haber rendido en los últimos cinco años (2019-2023)”. El informe recuerda que la Ley de Transparencia tipifica como “infracción muy grave en materia de la gestión económica y presupuestaria, el incumplimiento de la rendición de cuentas conforme establece la normativa”.

Entre las causas alegadas por los ayuntamientos para justificar la falta de rendición, el informe cita “problemas en la tramitación de las cuentas, la escasez y falta de cualificación del personal y la sobrecarga de trabajo que esta conlleva y, que incide directamente en retrasos en la contabilidad”. La Cámara de Cuentas considera que este problema “parece responder a una necesidad estructural no atendida convenientemente”.

Finalmente, el informe recomienda “instar a los órganos competentes de las administraciones estatal, autonómica y local a reforzar la capacidad y la suficiencia de recursos y de medios cualificados de las intervenciones locales para el ejercicio de sus funciones de control interno”, así como “fortalecer la asistencia y el asesoramiento a los municipios, especialmente a los de menos de 5.000 habitantes, por parte de las diputaciones provinciales”.

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