El sindicato Ustea ha reivindicado la apertura de una cuarta línea de la ESO en el IES Elena García Armada, ya que las tres actuales comenzarán el curso superando la ratio máxima permitida y además se están denegando matriculaciones por falta de plazas.
Según el sindicato, en el IES Elena García Armada hay familias, con hijos ya en el centro, a las que les deniegan a los hermanos el acceso por falta de plazas disponibles.
Sin embargo, “quieren el centro empiece en septiembre con tres primeros de ESO a 33 alumnas/os cuando al inicio de curso, por ley, la ratio máxima establecida en Secundaria es de treinta alumnos”.
Por tanto, ya hay “nueve solicitudes de matrícula que sobrepasan los noventa inscritos legales”, pero por si fuera poco “hay lista de espera en la secretaría del centro”, por lo que “se hace legal y necesaria la apertura de una cuarta aula en primero de Eso para cumplir también con la libre elección de las familias”.
El sindicato entiende que entre esas nueve personas que sobrepasan la treintena por aula y el alumnado no admitido “da para abrir una cuarta clase y reducir el número en las otras tres, para poder así atender mejor al alumnado con dificultades de aprendizaje, tal como propone la Ley Orgánica de Educación (LOE) del 3 de mayo de 2006 y su modificación en la LOMLOE, de 29 de septiembre de 2020”.
Ustea también va a investigar posibles nuevos casos de exceso de ratio en el IES Santa Isabel de Hungría, ya que algunas familias le han informado del bloque de matriculaciones en casos de alumnos con hermanos dentro del centro.
El sindicato advierte de que “a pesar de que en muchos casos se sobrepasa el límite de alumnado por aula (25 en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato), la Delegación de Educación bloquea y sigue bloqueando la creación de nuevas aulas que por ley y por demanda social se requieren”.
A juicio de Ustea, esta actitud demuestra “una gran falta de irresponsabilidad y una actitud impropia de quienes por su cargo institucional deben trabajar la buena gestión de recursos públicos”.
El sindicato cree que “con esta saturación ilegal de líneas” la Administración pública “trata de guiar” a las familias hacia “un modelo privado e ideológico de educación concertada y blindada que mantiene aulas vacías sin demanda”.
