El Obispado de Asidonia-Jerez ha mostrado su “preocupación” por las “prácticas contables” llevadas a cabo en el periodo comprendido entre 2021 y 2024 en la Unión de Hermandades tras haber accedido al resultado de una auditoría externa en la que se alerta de “graves irregularidades”.

Entre esas “graves irregularidades” se encontrarían “pagos superiores a 1.000 euros en efectivo” y “sin que medie ninguna transacción bancaria” en todos los ejercicios auditados, a pesar de que la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal establece en su artículo 118 un límite de 1.000 euros para los pagos en efectivo, lo que podría acarrear “una multa del 25% del importe excedente”.

También se advierte de que en ese periodo se han encontrado “operaciones sin ningún tipo de soporte documental válido que los justifique”, recordándose que “la ausencia de factura que justifique una transacción económica impide acreditar con claridad y certidumbre el objeto de la transacción”.

En el capítulo de “graves irregularidades” se advierte también de la “falta de criterio sobre el pago del IVA de los palcos y sillas de la Carrera Oficial”, instándose a “establecer un criterio conforme a Derecho sobre este punto”.

Más allá de esas cuestiones, una vez analizados los libros contables de los tres períodos, “en un primer análisis, se observa una falta de continuidad de algunos saldos contables de un período terminado con la apertura de los saldos contables del ejercicio siguiente”.

De este modo, “se observa que el resultado de un ejercicio que termina no coincide con la variación del patrimonio en el inicio del siguiente”, cuando “normalmente dicho resultado se lleva a la cuenta de Fondo Social, no estando justificadas las variaciones que tiene dicho fondo de un ejercicio a otro”.

Por esas y otras cuestiones, “se llega a la conclusión de que la contabilidad no recoge la imagen fiel del patrimonio del Consejo Local de la Unión de Hermandades, por lo que habría que hacer una contabilidad nueva apoyándose en la documentación existente”.

La auditoría apunta igualmente que el Consejo “está obligado, como asociación sin ánimo de lucro, a llevar una contabilidad de partida doble ajustada al Código de Comercio”, habiéndose observado que “la contabilidad que se tiene implantada no se ajusta a la normativa, por lo que se deben tomar las medidas necesarias para implantar la contabilidad requerida”.

El Consejo está igualmente “obligado” a presentar el Impuesto de Sociedades “aunque su cuota tributaria fuese 0” en virtud de diferentes normativas, pero a pesar de ello en ninguno de los ejercicios se ha hecho frente a esta liquidación.

Por último, se advierte del “incumplimiento durante todos los ejercicios económicos auditados de la obligación canónica del pago del Fondo Común Diocesano”.

Las conclusiones de este informe se leyeron en el Pleno de Hermanos Mayores celebrado este pasado jueves 3 de julio, en el que a pesar de todos estos reparos las cuentas del curso salieron adelante con el respaldo mayoritario de los asistentes.

El obispo, José Rico Pavés, ha evitado adoptar medidas disciplinarias contra el Consejo, limitándose a anunciar que “para corregir estas prácticas, la próxima Normativa Diocesana de Hermandades y Cofradías incluirá directrices para una correcta y transparente gestión económica”.

Al mismo tiempo, ha resuelto encomendar la tutela del “cumplimiento de las conclusiones de esta auditoría” al delegado diocesano de Asuntos Jurídicos para las Hermandades y Cofradías, Juan Azcárate.