El Gobierno local ha iniciado el procedimiento para declarar nulo el nombramiento de 93 funcionarios nombrados a dedo por el exalcalde Pedro Pacheco en 1987 sin que en ninguno de los casos acreditaran méritos ni capacidad para acceder a las plazas, ya que no se celebró ningún concurso, ni concurso-oposición ni se respetó el principio de igualdad.

La medida va a afectar a los 37 trabajadores que permanecen todavía en el Ayuntamiento, que perderán su condición de funcionarios y pasarán a convertirse en personal laboral. Todos ellos pertenecían a los grupos D y E, fundamentalmente auxiliares administrativos, subalternos, capataces y guardias.

En la resolución que recoge el nombramiento de estos 93 funcionarios -de 4 de mayo de 1987- se incluye además la advertencia del entonces secretario general del Ayuntamiento, que consideró que la Alcaldía estaba incurriendo en un caso de “manifiesta ilegalidad”.

El portavoz del Gobierno local, Antonio Saldaña, consideró este martes que Pacheco pudo ser protagonista de un delito de “prevaricación”, si bien admitió que “con probabilidad”, ya habrá “prescrito”. En cualquier caso, Saldaña advirtió de que, con independencia del tiempo transcurrido, los jerezanos “tienen derecho a saber las fechorías que cometió Pacheco en su época de alcalde”.

El inicio del procedimiento de nulidad de estos nombramientos debe ser aprobado en Pleno y remitido al Consejo Consultivo de Andalucía para que emita su veredicto definitivo, según se establece en la Ley de Bases de Régimen Local que se encuentra en vigor.

 

Una norma para evitar la corrupción y mala gestión

El Pleno aprueba este viernes el Reglamento del Buen Gobierno, que pretende mejorar la calidad de la gestión pública y las relaciones del Ayuntamiento con los ciudadanos. En el texto definitivo se han incluido seis alegaciones de IU y una del PSOE.

El reglamento tiene por objeto definir los principios, criterios e instrumentos que permitan incrementar los niveles de eficiencia, transparencia y calidad en la gestión pública, el comportamiento ético de los servidores públicos, miembros de la Corporación y empleados públicos, entre otras cosas.

Según Saldaña, la norma servirá “para que no vuelvan a ocurrir este tipo de circunstancias -en alusión al nombramiento de funcionarios-, permitiendo una política más transparente y que evite la corrupción”.