La sentencia del Tribunal Constitucional que declarado inconstitucional el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) pone en entredicho un concepto que en los presupuestos en vigor contempla una previsión de ingresos para el Ayuntamiento de 13,8 millones de euros, una cantidad superior a la que se prevé recaudar por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (10,7 millones) y próximo a la recaudación total por la tasa de recogida de basuras (16,6 millones .
En el Consistorio se está a la expectativa de lo que pueda ocurrir en estos próximos meses, sobre todo porque la sentencia inicial afecta únicamente a la norma foral que regula el impuesto sobre la plusvalía en Guipúzcoa. Sin embargo, se da la circunstancia de que esa norma es idéntica a los artículos 104 y 107 de la Ley de Haciendas Locales, por lo que previsiblemente el pronunciamiento del Constitucional va a obligar también a modificar la normativa estatal.
No en vano, el Tribunal Constitucional tiene pendientes varias cuestiones de inconstitucionalidad en relación a la legislación estatal que van a resolverse de acuerdo con la doctrina fijada para la norma vasca, que ha sido declarada inconstitucional por unanimidad.
La sentencia parte de la base de que un ayuntamiento no puede cobrar una plusvalía en aquellos casos en los que el contribuyente acredite que no se ha producido un incremento patrimonial con la venta de la vivienda, algo que ahora es bastante común dado el descenso generalizado de los precios como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica.
Puede ser aún peor
El dictamen del Constitucional -que no extiende todavía sus efectos al conjunto del Estado- insta a adoptar “de forma inmediata las medidas oportunas para que el Ayuntamiento deje de aplicar el Impuesto Municipal de Plusvalía a sujetos pasivos que demuestren que no se ha producido un incremento real del valor del inmueble”.
Trasladado al caso de Jerez, esa aplicación “inmediata” de una futura sentencia dejaría en el aire ese ingreso previsto de 13,8 millones de euros. Pero podría ser aún peor, toda vez que cabe la posibilidad de que los contribuyentes que han tributado por este concepto en los últimos años solicitasen la devolución del ingreso cobrado de manera indebida.
La sentencia no hace referencia expresa a sus efectos temporales, pero los expertos entienden que por regla general en el caso de las autoliquidaciones la posibilidad de instar a su rectificación se extiende por un periodo de cuatro años. En el periodo comprendido entre 2013 y 2016 se vendieron en Jerez más de 5.000 viviendas, según los datos oficiales de Fomento.
Ciudadanos pide ya las devoluciones
El portavoz municipal de Ciudadanos, Carlos Pérez, presentó ayer una instancia en el Ayuntamiento solicitando la aplicación de la sentencia e incluso la devolución de los ingresos cobrados de modo indebido en los últimos cinco años, lo que obligaría a revisar la venta de alrededor de 6.500 viviendas.
La moción pide que “de forma inmediata se tomen las medidas para que el Ayuntamiento deje de aplicar el impuesto a sujetos pasivos que demuestren que no se ha producido un incremento del valor del inmueble”, y que “el Consistorio evalúe el montante de ingresos indebidamente percibidos” para devolver el dinero a los afectados “en dos ejercicios presupuestarios”.
