El conflicto catalán ha terminado por apoderarse de nuestras conversaciones diarias. La trascendencia política y el impacto de los acontecimientos han empujado a que en cualquier punto de España tomemos partido por lo que viene sucediendo en Cataluña durante los últimos dos meses. Hay quien habla ya de “hastío”, pero lo cierto es que la preocupación que emana de la propia calle va más allá de los hechos puntuales y abarca ya sus consecuencias, en especial las coyunturales, que esas sí pueden afectarnos ya directamente a casi mil kilómetros de distancia, porque inciden directamente sobre nuestro bolsillo.

Lo ha expuesto públicamente el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas: “Como presidente de la CEC vemos con preocupación lo que está sucediendo en Cataluña, que lógicamente impacta en nuestra economía, al estar todos en un mercado global sensible a la falta de estabilidad.Y más allá de valoraciones cuantitativas, que serían prematuras, nos preocupa el impacto que puedan tener las campañas de boicot a empresas catalanas, porque en muchos casos la cadena de valor de su producción atañe también a empresas andaluzas, ya que nuestra economía está basada en la conexión empresarial entre todas las comunidades de España”.

En idénticos términos se ha manifestado el presidente de los autónomos españoles, Lorenzo Amor, para el que “al margen de la marcha de empresas, hay una cuestión que me preocupa mucho, y es que hay que tener cuidado con los boicots a Cataluña, porque la materia prima de esos productos que la gente pide boicotear puede estar saliendo del sur, y eso no es bueno para nadie”.

Sánchez Rojas insiste en que “hay que trabajar para restablecer la sensatez. La crisis del secesionismo va a pasar factura, y tenemos que evitar que afecte a todo lo que, con el esfuerzo común, estamos consiguiendo a levantar económicamente después de los años de crisis”.

De momento, de lo que no se está beneficiando, ni la provincia ni Andalucía, es de la llegada de algunas de las empresas que han retirado su sede de Cataluña. Según apuntaba hace unos días nuestro compañero Carlos Pizá, “Andalucía, pese al mantra que viene repitiendo el Gobierno regional de que es una zona atractiva para la inversión extranjera, sigue sin convencer a los empresarios e inversores para establecerse aquí. Y fruto del éxodo empresarial catalán, Andalucía sólo está recogiendo migajas respecto a otras dos comunidades: Madrid y Valencia”.

No obstante, donde se está viviendo con mayor intensidad todo lo concerniente al “procés” es en el ámbito de la política, y los representantes de la provincia no son ajenos al debate, sobre todo por las ramificaciones que tanto la cuestión económica como la territorial tienen sobre nuestra tierra. Así, José Loaiza (PP) afirmaba esta semana en el espacio A compás de Ondaluz TV, que una vez superado el 21 de diciembre “habrá que abordar el debate territorial y el de la reforma de la Constitución, pero teniendo en cuenta que es en el seno de la soberanía nacional donde hay que ver las cosas y pensando en todos los españoles, no solo para contentar a una parte de los catalanes”.

En este sentido, Antonio Jesús Ruiz, de Andalucía por sí, recuerda que no estamos “en un año cualquiera. Se cumplen ahora 40 años del 4 de diciembre en el que el pueblo andaluz se lanzó a la calle para reclamar su autonomía”. E introduce la perspectiva territorial porque considera que “al final el conflicto con Cataluña se resolverá a golpe de billetera y lo pagaremos los de siempre, los que no tenemos lobby político en Madrid, porque Andalucía ha demostrado que no tiene suficiente fuerza en Madrid”.

Desde Podemos, Carlos Fernández prefiere ahondar en la lectura de los que han aprovechado la coartada de Cataluña “para que nos olvidemos de lo que pasa en la provincia y en Andalucía, para que no se hable del paro ni del incremento de la pobreza”, e incide en la preocupación suscitada por la caída del PIB, cuando en su opinión lo preocupante es que esa riqueza generada por el PIB “no se destine a personas desfavorecidas ni a luchar contra la precariedad laboral”.

A este respecto, Loaiza matiza que es ese indicador del PIB el primero que “nos influirá en la provincia, ya que cada décima de caída del PIB supone la pérdida de 15.000 empleos en España, y por ahora la caída va por tres puntos, con lo que la crisis catalana si no se soluciona nos va a afectar en el empleo en la provincia”. Y en ello tendrá especial incidencia el resultado que deparen las urnas el 21D.