Muy poca gente sabe que en España hay más de 2.000 cargos públicos que no son juzgados por los mismos jueces que tú o yo. Si un político comete un presunto delito, no va al juzgado de su ciudad como cualquier ciudadano. En muchos casos, lo investiga y juzga directamente el Tribunal Supremo. Esto es el famoso aforamiento, término que tan de moda aparece recurrentemente en tertulias políticas y periódicos, cuando surgen casos de corrupción política.
El aforamiento nació para proteger a diputados y altos cargos de denuncias falsas que pudieran frenar su trabajo político. Pero con el tiempo se ha convertido, para muchos, en una barrera para evitar rendir cuentas ante la justicia ordinaria.
El aforamiento otorga a dichos cargos públicos el beneficio de ser juzgados por tribunales superiores, lo que implica una serie de ventajas prácticas: procesos más lentos y complejos, menor exposición mediática, menos posibilidades de denuncias arbitrarias y mayor filtro antes de abrir juicio, consiguiendo que muchas causas se dilaten o incluso se archiven.
La actualidad nos deja ejemplos preocupantes. Desde expresidentes autonómicos hasta ministros, algunos implicados en casos de corrupción o uso indebido de recursos públicos, han intentado refugiarse tras su condición de aforados para evitar investigaciones o retrasarlas. Incluso hemos visto cómo algunos políticos dimiten justo antes de perder el aforamiento, o esperan a tenerlo antes de declarar.
Este uso estratégico del aforamiento mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La justicia debe ser igual para todos, y cuando se percibe que hay “ciudadanos de primera” ante los tribunales, el sistema pierde legitimidad.
En otros países europeos, el aforamiento ha desaparecido o está muy limitado. En España, en cambio, seguimos con un modelo desfasado. Reformarlo requiere cambiar la Constitución, lo cual necesita una mayoría amplia en el Congreso. Y eso, con el clima político actual, parece una misión imposible.
No se trata de dejar a los políticos desprotegidos, sino de ajustar sus privilegios a una democracia moderna. Que rindan cuentas como cualquier otro ciudadano, especialmente si están siendo investigados por hechos que poco o nada tienen que ver con su labor pública.
El aforamiento, tal y como lo tenemos hoy, no es garantía de independencia, sino de distancia con la ciudadanía. Mientras no se reforme, seguirá habiendo políticos de todo signo político que se protejan tras el cargo para esquivar a la justicia común. Y eso, en un país que presume de Estado de Derecho, es sencillamente inaceptable.
