El anteproyecto de reforma del Régimen Local establece que el sueldo de los miembros de las corporaciones locales se fijará anualmente en los Presupuestos Generales del Estado según la poblacióndel municipio y limitado al de secretario de Estado, dejando claro que de los 68.285 concejales en España, sólo 12.188 (18%) tendrán derecho a esa dedicación, pero se omiten dos datos: 1º: cuántos concejales cobran actualmente yel importe de sus retribuciones; 2º: cuál es el importe máximo que supondrá esta reforma, y a pesar de ello cuantifican el ahorro por este concepto, llegando al resultado de una resta sin conocer ni el minuendo ni el sustraendo.
Al contrario de lo anunciado, esta medida no va a suponer un ahorro. Aunque sean llamativos los datos de las grandes corporaciones. Sin embargo, éstos no son significativos. Así, por encima de 500.000 habitantes sólo hay 6 ayuntamientos y entre todos serán 55 concejales los que no cobren, mientras que:
- Entre 1.000 y 2.000 habitantes hay 931 ayuntamientos, la inmensa mayoría de cuyos alcaldes no cobran nada y ahora podrían tener una retribución en torno a 20.000 euros.
- Entre 2.000 y 3.000 habitantes hay 530, de los cuales la mayoría tampoco cobra o lo hace uno solo y, generalmente, en cantidades pequeñas, muchas veces con dedicaciones parciales, y ahora podrá haber dos por un importe de hasta 30.000 euros cada uno.
- Entre 3.000 y 5.000 hay 490 ayuntamientos en los que también suele haber sólo el sueldo del alcalde, mientras que con la reforma podrán ser tres miembros, también a 30.000 euros.
- Entre 5.000 y 8.000 hay 416 ayuntamientos en los que no suele haber más de dos dedicaciones, y en la mayoría esa segunda suele ser parcial, y ahora podrán ser tres y con un importe máximo para cada uno de ellos de 40.000 euros.
Y así podríamos llegar escala por escala hasta esos grandes ayuntamientos y el resultado final sería que el gasto en retribuciones de cargos electos se puede multiplicar con esta reforma.
Pero hay más, el Gobierno asegura que se reduce el número del personal eventual cuando en realidad desconoce cuántos asesores hay actualmente en los ayuntamientos y cuánto cobran. Y si tomamos el primer tramo en el que se permitirán -entre 5.000 y 10.000 habitantes-, veremos que frente a la realidad en la que en prácticamente ninguno de estos hay asesores, después podrán contar con uno, y son 557. Y así podríamos seguir y hacer una comparativa similar a la anterior que nos llevaría a la multiplicación final del número de asesores y no a su reducción.
Y aún hay más: según el texto, los miembros de la corporación que no tengan retribuciones percibirán asistencias por la concurrencia a los órganos colegiados en la cuantía señalada por el pleno, sin más limitación. Es decir, el pleno puede acordar las cantidades que quiera por asistir a comisiones informativas, juntas de gobierno y el propio pleno, por lo que quienes se queden sin poder cobrar van a tener otra vía, con un trato fiscal mucho más ventajoso, para no ver reducidos sus emolumentos.
Por último quisiera hacer notar otra cuestión importante: para la prestación de los servicios mínimos y obligatorios por los ayuntamientos se establecerán unos costes estándar que no podrán superarse bajo fórmulas de estabilidad presupuestaria y eficiencia financiera. Sin embargo, ni las retribuciones de los miembros de la corporación ni de los asesores están sujetas a ninguna de estas medidas, sino que se les aplican solamente unas escalas por habitantes. Y será difícil explicarle a los vecinos de un municipio de 5.000 ó 6.000 habitantes que hasta ahora tenían al alcalde con dedicación exclusiva y a un teniente de alcalde con dedicación parcial que a partir de esta reforma tendrán a tres miembros de la corporación con sueldos en torno a los 40.000 euros cada uno más el de un asesor, a la vez que sus servicios son absorbidos por la Diputación al no poder sostenerlos según esos criterios económicos.
