El mes de abril ha deparado unos datos más que positivos en materia laboral, tanto por la reducción del número de demandantes de empleo como por el incremento de afiliados a la Seguridad Social. Es evidente que las cifras macroeconómicas a nivel nacional o andaluz ayudan a dar buenos titulares bajo el empeño de contagiar un optimismo interesado, más electoral que realista, pero donde de verdad se aprecia el impacto de esa evolución es en el escenario local, ya que no se trata sólo de números, sino de disponer de una perspectiva desde la que certificar dónde estamos y hacia dónde podemos dirigirnos.
En Andalucía, en la mayoría de los casos esa perspectiva nos sitúa en el entorno del año 2008. Hemos vuelto, por tanto, a una situación de bonanza muy similar a la del momento previo al estallido de la burbuja inmobiliaria, y la evolución invita a estimar que vamos a seguir viajando hacia atrás en el tiempo hasta reeditar los datos de 2007, que mantiene desde entonces el récord de menor número de desempleados y el de mayor número de empleados.
Hemos tardado algo más de doce años en conseguirlo, después de que en febrero de 2013 terminásemos de tocar fondo y el Gobierno tuviera que recurrir al vocabulario como único asidero a la esperanza: ¿se acuerdan de los “brotes verdes”? Habrían sido menos de doce si por medio no se hubiera colado una pandemia y la invasión rusa en Ucrania para ponernos a todos a prueba de nuevo, y aún así aquí estamos otra vez, aunque con la incertidumbre de si sabremos enderezar el camino, de si volverán a zarandearnos bajo la amenaza de otra guerra, aunque sólo sea comercial, o de si, definitivamente, estamos ante un espejismo.
Hay dos cuestiones inquietantes al respecto, ya que, frente a esa progresión positiva del mercado laboral, el dato macroeconómico dice que están creciendo los despidos en empresas, y la reducción por ley de la jornada laboral parece pensada para los mundos de Yupi, pero no para una parte importante del tejido empresarial que sustenta este país, el de muchas pymes.
En el primer aspecto, este verano se conocerán los datos de 2024, pero en 2023 las empresas andaluzas que aplicaron despidos fueron 285.578, lo que representa un aumento del 10,1% respecto al año anterior. La mayoría de estas empresas (63,2%) eran pequeñas, con menos de 10 trabajadores. En total, se registraron más de 25.000 trabajadores despedidos en Andalucía, un 24% más que en el año anterior.
Los cierres y despidos colectivos anunciados por Alcampo hace un par de semanas, junto con los que se confirmarán en unos días por parte de Azucarera, enrarecen ese escenario local donde es más que perceptible el impacto de este tipo de decisiones.
Por la otra parte, está la legítima y respetable decisión de la ministra Yolanda Díaz de llevar a efecto un compromiso electoral, sustentado en un compromiso igualmente social, y fundamentado en muy buenas intenciones, aunque ajeno a la realidad, que es lo que le ha dicho su ministro de Economía, la CEOE y ATA. Al menos debería tener en cuenta al primero, aunque lo que dicen los segundos parece igualmente razonable: “Las organizaciones empresariales defendemos la reducción de la jornada, pero ajustada a las necesidades de cada sector a través de la negociación colectiva”. La ministra lo tiene incluso por escrito.
Lorenzo Amor, el presidente de ATA, incide en el mismo argumento, pero aporta uno más: “Esta medida no va a castigar a las grandes empresas, sino a los autónomos y a las pequeñas empresas que tienen uno, dos o tres trabajadores. Si alguien piensa que va a haber una contratación para cubrir la reducción de jornada, no ha pagado una nómina en su vida y no tiene ni puñetera idea de lo que es ser empleador”.
Y mientras que si sí o que si no, dicen que la CEOE ha hecho ya más visitas a Waterloo que Santos Cerdán. Ésa es la otra triste realidad de este país. Ahí sí que no caben espejismos.
