La Audiencia Nacional ha suspendido el juicio contra varios familiares del expresidente sirio Bashar al Assad, al estimar que no es competente para juzgar la causa y que debe remitirse a los juzgados de Marbella. La decisión se toma después de que las defensas plantearan la cuestión de competencia en la fase de cuestiones previas, lo que ha sido finalmente aceptado por el tribunal.
El caso afecta a una supuesta estructura criminal familiar liderada por Rifaat al Assad, tío del actual mandatario sirio, que habría diseñado un entramado societario para adquirir en España bienes inmuebles con fondos de origen ilícito. La Fiscalía apunta a Marbella como centro neurálgico de estas operaciones, donde se acumulan decenas de propiedades y negocios vinculados al clan.
Entre las propiedades presuntamente blanqueadas figuran 244 plazas de garaje y 92 apartamentos en el lujoso complejo Benabola, en Puerto Banús, además de 49 fincas, un restaurante, una pizzería, un lounge de shisha y otros activos de alto valor. Todo ello fue adquirido, según el Ministerio Público, a través de sociedades pantalla con sede en Gibraltar y trusts en Las Bahamas.
El total invertido en bienes inmuebles entre 1986 y 2005 supera los 52 millones de euros, y su valor actual se estima en unos 700 millones. La estructura societaria fue diseñada para que Rifaat no apareciera formalmente como titular, aunque la Fiscalía asegura que controlaba las decisiones a través de sus hijos Mohamed Ali y Siwar al Assad.
Rifaat, considerado el "jefe" de la organización, quedó fuera del juicio por motivos de salud. Para los otros ocho acusados —dos esposas y seis hijos— la Fiscalía solicita seis años de prisión y una multa de 2.100.000 millones de euros por blanqueo de capitales.
La fortuna de Rifaat tendría su origen en prácticas corruptas iniciadas tras el golpe de Estado de 1970 en Siria, que le otorgó una posición de poder como vicepresidente. A partir de entonces, habría amasado una enorme cantidad de dinero mediante contrabando, tráfico de arte y drogas, y apropiación de bienes.
El fiscal sostiene que tras su exilio pactado en 1983, Rifaat comenzó a trasladar sus fondos fuera del país y a invertir en propiedades en Francia y España. Ahora, tras la decisión de la Audiencia Nacional, será el juzgado de instrucción correspondiente en Marbella el que decida si continúa adelante con la causa.
