En un intenso pleno extraordinario celebrado este jueves, el Ayuntamiento de Málaga se centró en la polémica decisión de renunciar a que La Rosaleda sea sede del Mundial de 2030, así como en el plan para la remodelación del estadio y el traslado temporal del Málaga CF al Estadio Ciudad de Málaga. La convocatoria, promovida por el PSOE, contó con la presencia de representantes del club, accionistas y miembros de la afición.
El administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, expuso ante el pleno que el cambio de escenario supondría una pérdida económica estimada entre 5 y 8 millones de euros. Además, alertó que la hipotética mudanza a un estadio más pequeño obligaría a realizar un ERE que afectaría a unos 25 trabajadores, al perder infraestructuras clave como tiendas, cocinas y salas técnicas.
El concejal de Deportes, Borja Vivas, enfatizó que LaLiga ya había advertido del riesgo para la viabilidad del club en caso de trasladarse al Ciudad de Málaga. Recalcó que sin ingresos vinculados a La Rosaleda —entre ellos, múltiples locales comerciales y oficinas— la entidad perdería puestos de trabajo y habría consecuencias en el límite salarial para fichajes.
Por su parte, el alcalde Francisco de la Torre defendió su postura asegurando que renunciar al Mundial era un acto de prudencia. Explicó que los plazos de reforma eran inviables, los costes excesivos y que un estadio provisional —con aforo inicial de 12 500 y objetivo de 25 000— perjudicaría a la afición. Además, prometió que la situación quedaría completamente aclarada en el pleno celebrado el 24 de julio, para el que se negó a añadir comentarios adicionales por el momento.
La oposición —liderada por el PSOE y Con Málaga— calificó la renuncia como un “fraude político” y un “fiasco”, acusando al equipo de gobierno de engañar a la ciudadanía y traicionar la ilusión del malaguismo. El PSOE acusó a De la Torre de ocultar desde hace meses problemas técnicos y de estructuración, y denunció promesas electorales incumplidas.
En paralelo al debate sobre La Rosaleda, se anunció una cumbre entre el Ayuntamiento, el club, peñas y Diputación para estudiar cuatro posibles ubicaciones para un nuevo estadio: La Rosaleda, San Cayetano, la Universidad y Cerro Coronado, con un estudio técnico-financiero que incluya inversión privada.
Todos los partidos coincidieron en la necesidad de resolver con urgencia el procedimiento judicial sobre la propiedad del Málaga CF, considerado esencial para garantizar certidumbre al proyecto deportivo y urbanístico.
El desenlace del pleno, marcado por el cruce de reproches políticos y exigencias de transparencia, ha dejado patente que la remodelación de La Rosaleda y la continuidad del Málaga CF en una sede adecuada son asuntos prioritarios. El debate sigue abierto, en un momento clave para el futuro deportivo y social de la ciudad.
