Decenas trabajadoras pertenecientes a la empresa BCM Gestión, la mercantil malagueña a la que el Consistorio de Mijas adjudicó el pasado año el contrato de ayuda domiciliaria, se manifestaron esta mañana para reclamar mejores condiciones laborales durante la atención a las cerca de 700 personas con dependencia y falta de movilidad que reciben esta prestación social en el municipio por carecer de recursos.
Convocadas por el comité de empresa y el sindicato CC OO, las manifestantes protestaron con pancartas, entre las 11 y las 13 horas, frente a la sede del área de Servicios Sociales, en el pasaje de San Valentín, en el barrio de Las Lagunas.
El acto responde a la convocatoria realizada el pasado mes de junio como consecuencia de los retrasos en el cobro de las nóminas que está teniendo la plantilla integrada por 140 trabajadoras (el 99% de la misma son mujeres) a lo largo de este año, y después de que se suspendiera una huelga tras ser ingresados los salarios el pasado 11 de julio.
Durante concentración, las manifestantes pidieron la dimisión de la alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), a la que responsabilizan de no dar una salida administrativa a la concesionaria, que alega retrasos reiterados en los pagos por parte del Ayuntamiento mijeño, que le impiden hacer frente al desembolso mensual de las nóminas de las trabajadoras.
PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS CON LA ADJUDICACIÓN
Desde el equipo de Gobierno, formado por el tripartito de PP, Vox y PMP, se responde que se está trabajando para normalizar la situación con la empresa, al tiempo que se recuerda que hay un proceso abierto para conceder este servicio a una nueva concesionaria.
El tipo de adjudicación, mediante la modalidad de 'emergencia', acordado por el ayuntamiento en mayo de 2024 y que finalizó en diciembre pasado, sería unas de las razones administrativas esgrimidas por la Intervención municipal para realizar los pagos regularmente fijados en el contrato.
Durante la concentración, a la que acudieron ediles socialista en la oposición para dar su respaldo a la trabajadoras, se reivindicó además el cumplimiento del convenio regional de Ayuda a Domicilio, un salario digno (la retribución base está fijada en 1.145 euros brutos al mes), y más contratación de personal para evitar las cargas excesivas de trabajo al tener que desplazarse cada empleada a varios domicilios durante su jornada diaria.
Al acabar la protesta, la concejal de Inclusión Social, Francisca Alarcón Leiva, comunicó al comité de empresa la celebración de una reunión, a primeros de agosto, para analizar la situación del servicio de ayuda a domicilio.
