Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Málaga un entramado fraudulento de cinco empresas --principalmente ficticias-- a través de las que se procuraban contratos ilegales a trabajadores para el cobro de prestaciones por desempleo, cotizaciones para la jubilación y, en otros casos, al fin de regularizar a ciudadanos extranjeros en situación irregular. En el operativo han sido detenidas 52 personas por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. El desfalco total causado a la Administración asciende a 1.374.828 euros.
La investigación se ha desarrollado en el marco de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Interior sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
La investigación comenzó en octubre del año pasado cuando los agentes tuvieron conocimiento de un entramado de empresas ficticias --en algunos casos compañías con una mínima actividad real--, dedicadas presuntamente al sector servicios y con sede social en la capital malagueña, según han informado en un comunicado desde la Comisaría provincial.
A través de estas empresas se procuraban contratos fraudulentos a trabajadores para que éstos pudieran acumular los días suficientes de cotización para el cobro de prestaciones por desempleo o bien para las pensiones por jubilación. En otras ocasiones los contratos eran utilizados para regularizar a ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular.
Fruto de las pesquisas, los investigadores constataron cómo los supuestos trabajadores desembolsaban entre 250 y 450 euros a los administradores de las citadas empresas fraudulentas para la obtención de un contrato ilegal de trabajo. Los pagos se hacían bien en metálico o, en otros casos, se les descontaba de la nómina si desempeñaban alguna actividad laboral.
Al frente de la trama estaban dos hombres de nacionalidad española de 40 y 45 años que ejercían labores de administración en las empresas y estaban dados de alta en las mismas como trabajadores.
Estas personas resultaron detenidas junto a otras 50 --españoles y extranjeros-- por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Tras los registros llevados a cabo en los domicilios de los principales encartados y en una de las empresas, los investigadores intervinieron documentación y material informático.
La 'Operación Ralis' contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social continúa abierta y ha permitido el afloramiento hasta la fecha de 13.874 días de cotización irreales entre los trabajadores investigados, han señalado las fuentes policiales en el comunicado.
El desfalco total causado a la Administración asciende a 1.374.828,65 euros, desglosándose dicha cantidad en 903.805 euros la deuda contraída por estas empresas a la Seguridad Social y en 471.023 euros el importe cobrado fraudulentamente en subvenciones.
