La Fiscalía de Málaga ha presentado una denuncia en relación con unas obras supuestamente irregulares realizadas en la Cantera Nagüeles de la localidad malagueña de Marbella por parte de las empresas encargadas de organizar Starlite.

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, esta denuncia se produce a raíz de las diligencias de investigación iniciadas por la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga y se dirige contra las dos sociedades mercantiles que desde el 2012 organizan los conciertos Starlite en Marbella y al administrador de ambas empresas

Así, se insta a que el juzgado de Marbella que corresponda abra unas diligencias previas para averiguar si los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad.

El Ayuntamiento de Marbella y una de las empresas ratificaron en julio de 2012 un convenio de colaboración autorizando a la sociedad la ocupación del auditorium de Marbella, situado en dicha cantera, para el desarrollo del evento conocido como Starlite.

En mayo de 2014, hubo otro acuerdo con la otra empresa, vinculada a la anterior, para la misma actividad, contemplando ambos convenios que se autorizaba la realización de instalaciones eventuales, dadas las características del suelo donde está el auditorio.

Pero, según las fuentes, de lo investigado hasta ahora se desprendería que las entidades, sin la licencia municipal correspondiente, habrían llevado a cabo tras los acuerdos obras de construcción "de carácter permanente", como muros y pavimentación con hormigón. Esto, han apuntado, sabiendo que el suelo es no urbanizable de especial protección, siendo las obras no autorizables.

Así, se insta a que se pida al Ayuntamiento los expedientes que pueda haber en cuanto a las obras y que remita un informe técnico, tras una inspección, sobre las actuaciones denunciadas, que han sido investigadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Ahora, el ministerio Público denuncia a  a las que señala como presuntos responsables de delito contra la ordenación del territorio y desobediencia grave a la autoridad.