El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado diez días de plazo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para que formule alegaciones antes de que este órgano decida si le suspende provisionalmente de sus funciones al tener dos causas abiertas en el Tribunal Supremo (TS).

Así lo ha acordado la comisión permanente del Consejo, por unanimidad, según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces. La comisión ha decidido que por razones constitucionales procede oír a Garzón para que no se produzca indefensión.

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, dijo ayer que el juez Garzón tiene derecho a ser oído, lo que no tiene nada de excepcional. “Tiene el mismo derecho constitucional que cualquier ciudadano”, dijo.

Por su parte, los funcionarios del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Baltasar Garzón, mostraron ayer su apoyo al juez y aseguraron no entender la “crítica permanente” que sufre cuando sus actuaciones “no coinciden con los intereses” de quienes la realizan.

En un manifiesto, suscrito por las dos secretarias judiciales y 29 funcionarios del juzgado, los firmantes no mencionan ninguna de las dos causas que el juez tiene abiertas en el TS, si bien se les hace “harto difícil entender que sus decisiones y órdenes puedan ser consideradas a sabiendas injustas y, por tanto, constitutivas de una conducta prevaricadora”.

Consideran que desde su “posición privilegiada” pueden ver “día a día” el proceder de Garzón y su forma de trabajar “sin descanso” y “durante jornadas maratonianas que no distingue de días laborales y festivos y con escasos medios materiales”.

Los firmantes concluyen su declaración confiando en que la Justicia sea “realmente el valor democrático que se nos ha enseñado, pues, como dijo Montesquieu, ‘una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a la sociedad”.