Fernández Díaz ha explicado que los verificadores internacionales han intentado ponerse en contacto con el Gobierno, pero ha sentenciado que el Ejecutivo no les reconoce "ninguna legitimidad".
El ministro ha destacado que el Gobierno no necesita "verificadores internacionales" porque con la Guardia Civil y la Policía ya tiene a sus propios verificadores.
"Para derrotar policialmente a ETA nos ha bastado con los cuerpos y fuerzas de seguridad (del Estado) y con ellos mismos tenemos suficiente para verificar si ETA se disuelve", ha declarado a los medios de comunicación antes de participar en el congreso del PP catalán.
El ministro del Interior ha anunciado que el Gobierno rechaza cualquier negociación sobre el desarme de ETA y ha exigido la "disolución incondicional" de la banda terrorista.
"El Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni jamás va negociar con ETA. Lo que le exigimos es su disolución incondicional", ha afirmado.
Fernández Díaz ha concluido que ETA debe dejar de "engañar" a sus presos y decirles la verdad que es que el Gobierno no entrará en ninguna negociación.
Finalmente, sobre la política penitenciaria, ha reiterado que si los presos se desvinculan de la banda, "y en el marco de la ley y sólo en el marco de la ley, podrán acceder a los beneficios penitenciarios que la ley exige y otorga a los reclusos".
Los presos de ETA se muestran dispuestos a "dar pasos" si se abandonan "las presiones y los chantajes"
El colectivo de presos de ETA EPPK ve cuestiones "significativas" en el plan de reinserción anunciado por el Gobierno central y muestra su disposición a "dar pasos" si se abandonan "las presiones y los chantajes".
En un comunicado del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos que publica el diario Gara, advierte de que "cualquier programa que tenga como base el arrepentimiento-delación nace muerto y estéril". No obstante, apunta que, "abandonando las presiones y los chantajes", el EPPK está dispuesto a "dar pasos en la línea de sus últimas declaraciones y a la espera de que se difundan las conclusiones de su debate".
El colectivo considera que el plan del Gobierno "no responde a lo que una amplia mayoría de la sociedad vasca le ha pedido: que cambie la política carcelaria y la adecue a la luz de las nuevas oportunidades políticas".
Pide que se "desactiven las medidas de excepción y con la dispersión", así como que "se garanticen todos los derechos y empezar a posibilitar la excarcelación de los presos en el marco de las condiciones democráticas".
Asimismo, destaca que el programa "nos reconoce como objetivo del sistema penitenciario y como sujeto de derechos globales" y supone, a su entender, un reconocimiento del "fracaso político" de la llamada 'vía Nanclares'.
