La policía y los servicios sociales evacuaron esta mañana un campamento de 2.771 inmigrantes y refugiados -161 de los cuales mujeres y menores solos-, que se había formado en torno a un centro de acogida situado en el perímetro norte de París.
Tras esta operación, ya son 34 los campamentos irregulares de inmigrantes que han sido desalojados desde 2015 en la capital francesa, en los que había en total 27.375 personas, según la prefectura de policía.
Cerca de 350 agentes, así como un centenar de personas de los servicios del Estado y de entidades asociadas participaron esta mañana en el desalojo de los ocupantes del campamento, a los que la prefectura garantizó que se les iba a "proponer una solución de alojamiento provisional" en la región.
"Una vez al abrigo, los interesados podrán beneficiarse de una propuesta de orientación hacia un dispositivo de acogida adaptado a su situación en el conjunto del territorio" francés y también se les ofrecerá "un diagnóstico social y sanitario", destacó en un comunicado.
Las autoridades justificaron la operación con el argumento de que estos "campamentos ilícitos" suponen "riesgos importantes para la seguridad y la salud tanto de sus ocupantes como de los vecinos" y hay un decreto que permite desmantelarlos.
"El desalojo ha transcurrido tranquilamente y no ha habido incidentes graves", aunque algunas personas "preguntaban dónde las iban a llevar y algunas dudaban sobre avanzar hacia los autobuses" que se los llevaban, explicó a Efe la voluntaria de la asociación Utopia 56 Anne-Marie Bredan.
El ministro del Interior, Gérard Collomb, ya había anticipado que esos inmigrantes serían repartidos en diversas estructuras en la región Ile de France.
El campamento se había formado en la vía pública en torno al que es el primer centro de "acogida humanitaria", abierto en la Puerta de la Chapelle de París en noviembre pasado y que rápidamente se ha visto desbordado por la llegada de 400 inmigrantes a la semana, según Collomb.
El ministro quiere reducir los plazos de los procedimientos para las solicitudes de asilo, de forma que no se prolonguen más de seis meses, y al mismo tiempo acelerar las expulsiones de los inmigrantes en situación irregular, para lo cual pretende establecer acuerdos con los países de origen para que acepten recibirlos.
La alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, pidió ayer que se legisle para garantizar la acogida y la integración de los refugiados, y para que se creen otros centros similares pero repartidos por todo el país.
A su juicio, Francia tendría que aumentar las plazas de acogida para demandantes de asilo para disponer de 50.000 en 2018 y de 75.000 en 2022, financiadas por el Estado mediante una partida presupuestaria que, por su parte, tendría que pasar de 316 millones de euros en 2018 a 406 millones de euros en 2022.
