Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte calificó hoy el asalto a la embajada de este país en Madrid como un "grave ataque terrorista", lo que supone la primera reacción de Pionyang sobre el incidente que tuvo lugar el pasado 22 de febrero.
"La intrusión en una misión diplomática, su ocupación y el acto de extorsión constituyen una grave vulneración de la soberanía de un Estado y una flagrante violación de la ley internacional, y actos de este tipo nunca deben ser tolerados", señaló el portavoz en una declaración recogida por la agencia estatal KCNA.
Durante el asalto, que ha sido reivindicado por un grupo opositor al régimen, el personal de la embajada fue maniatado y golpeado por un grupo de 10 hombres que robó después equipos informáticos antes de huir, según el auto judicial publicado por la Audiencia Nacional.
Pionyang "está siguiendo todos los rumores" sobre la posible "involucración en el incidente terrorista del FBI" estadounidense y de un "cuerpo anti-DPRK (siglas en inglés de República Popular Democrática de Corea, nombre oficial de Corea del Norte)", según el portavoz norcoreano.
Añadió que Corea del Norte espera que las autoridades españolas "lleven a cabo una investigación del incidente hasta el final de forma responsable, con el objetivo de llevar a los terroristas y a quienes están detrás de ellos ante la justicia en conformidad con la ley internacional".
El misterioso grupo Cheollima Civil Defense (CCD) se atribuyó el ataque la semana pasada a través de su página web, y posteriormente anunció que detendría sus actividades y que cambiaba su nombre a Free Joseon (Corea Libre).
La organización, que apareció en la red por primera vez en marzo de 2017, ha asegurado estar detrás del rescate de norcoreanos amenazados por el régimen y ha llegado a proclamar un gobierno en el exilio y a vender visados para entrar a Corea del Norte cuando "sea liberada".
El documento de la Audiencia Nacional publicado el martes identificaba a siete personas ligadas al ataque, incluidos el mexicano Adrian Hong Chang y el estadounidense Sam Ryu, para los que el juez encargado de la investigación ha solicitado su extradición a Estados Unidos, donde ambos se encuentran.
El auto apunta a que en el transcurso de esta operación -cuyo verdadero objetivo ni siquiera CCD ha dejado claro hasta ahora- el grupo habría incurrido en delitos de allanamiento de morada, detenciones ilegales, lesiones, falsificación documental, amenazas y robo, cometidos por organización criminal.
