La activista, que había sido detenida varias veces a finales del año pasado, huyó a Malasia al sentirse amenazada tras participar en una acción simbólica
Una activista antimonárquica tailandesa, que se registró como solicitante de asilo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ( ACNUR) tras huir a Malasia, fue repatriada a la fuerza a su país, denunció hoy la ONG Human Rights Watch (HRW).
Praphan Pipithnamporn fue detenida por las autoridades malasias el 24 de abril a petición de Tailandia, donde había sido acusada de sedición por su vínculo con un grupo antimonárquico, indicó la organización pro derechos humanos.
La activista, que había sido detenida varias veces a finales del año pasado, huyó a Malasia al sentirse amenazada tras participar en una acción simbólica contra la monarquía durante un acto de recuerdo del Rey Bhumibol, fallecido en 2016.
La oficina de la ACNUR en Kuala Lumpur la registró el 2 de abril como solicitante de asilo, lo que según HRW obligaba a Malasia a evitar su deportación a Tailandia, donde corre el riesgo de sufrir persecución, torturas o otro tipo de violación de los derechos humanos.
"El desprecio de Malasia a la ley internacional ha puesto a una activista tailandesa ante un grave riesgo de detención y acusación injusta en Tailandia", dijo el director para Asia de HRW, Brad Adams, en un comunicado.
La deportación se conoció días después de la desaparición de tres activistas de la misma organización antimonárquica que se habían exiliado en Laos.
Las autoridades de Vietnam confirmaron la detención y posterior deportación de los tres a Tailandia, cuyas autoridades han evitado confirmar si los tienen bajo custodia.
Otros cinco activistas antimonárquicos tailandeses han sido abducidos en Laos desde 2016, tres de los cuales aparecieron en diciembre muertos en el río Mekong, con los cuerpos destripados y rellenados con cemento.
Tailandia castiga por difamar, insultar o amenazar al rey, la reina, el príncipe heredero o al regente a través del artículo 112 del código penal, una ley que prevé penas de entre 3 y 15 años por cada uno de estos delitos.