El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reafirmó este martes ante un millar de simpatizantes su disposición a hacer lo que sea necesario para sacar a Nicolás Maduro del poder, en un discurso sobre los últimos seis meses en los que ha sido reconocido como presidente interino por más de 50 países.
"Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para rescatar a Venezuela", dijo el líder de la oposición al final de su intervención durante una sesión especial del Legislativo que se celebró en una plaza de Caracas.
La promesa vino acompañada, como casi siempre de su parte, con una llamada a sus adeptos para que le respalden.
"Llegó el momento en que cada venezolano asuma su rol en esta lucha", les dijo.
Unos minutos antes, otro anuncio había animado a la muchedumbre: el de la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Tratado de Río (TIAR). Con el apoyo unánime de los diputados presentes y el respaldo a gritos del resto, Guaidó sentenció este asunto.
Se trata del regreso de la nación a un acuerdo multilateral que establece la cooperación militar extranjera en caso de que haya un ataque contra un país miembro del pacto (casi una veintena de naciones americanas) pues se considerará un ataque contra todos.
El TIAR "no es mágico", advirtió Guaidó para aminorar las expectativas de quienes añoraban este paso, pues la aprobación final de este mecanismo debe sellarse en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Además, el líder opositor insistió en la necesidad de seguir "construyendo capacidades" para deponer a Maduro y con ello poner fin a la llamada revolución bolivariana, en el poder desde 1999.
"Estamos de pie contra una dictadura que se cae a pedazos", remarcó Guaidó, quien auguró además que se avecina un "choque de trenes" contra el Ejecutivo chavista, y para ello, dijo, necesitará también del apoyo de la coalición internacional de las naciones que lo respaldan.
Entre los "desafíos" a enfrentar, según el líder parlamentario, está la presencia en el país de "grupos terroristas a los que el Gobierno les ha permitido amablemente operar", y la recuperación de la soberanía ya que, alegó, también existen grupos armados extranjeros en Venezuela con anuencia del Ejecutivo.
Guaidó anunció una movilización en la calle este viernes "para llevar el mensaje a cada esquina", y adelantó que el Parlamento comenzará un proceso para designar un contralor general, así como ha designado antes a otros altos funcionarios en cargos paralelos a los que contempla el Estado y que ocupan aliados de Maduro.
"Vamos a designar un equipo que se encargue de la participación (de sus representes) en el concierto de Naciones Unidas en los próximos días", agregó.
La cita también sirvió para que personalidades del mundo político, académico, del espectáculo, diplomáticos y cientos de representantes de la sociedad civil escucharan el balance de gestión de un gobernante interino que sigue sin controlar la burocracia estatal ni las Fuerzas Armadas.
El balance fue presentado con la ayuda de cinco diputados, entre ellos Juan Miguel Matheus, quien recordó que desde el 23 de enero, cuando Guaidó invocó artículos de la constitución para proclamarse presidente, el chavismo ha intentado varias "maneras de acorralamiento".
Además, cifró en 61 el total de venezolanos "a quienes el régimen ha arrebatado la vida durante estos seis meses", especialmente en medio de protestas antigubernamentales, algunas de las cuales se tornaron violentas.
Asimismo, el legislador recordó a sus colegas detenidos en el primer semestre del año: Juan Requesens y Édgar Zambrano, primer vicepresidente del Legislativo.
En total, 57 diputados "han sido víctimas de persecución judicial" por parte de un "Estado gansteril", añadió.
Pese a ello, remarcó que los diputados, junto a Guaidó, han "construido los caminos para aliviar la crisis humanitaria" que vive el país con miras en una eventual transición política y a unas elecciones presidenciales "libres".
"Tenemos plan y estamos absolutamente preparados para gobernar y salvar a Venezuela", concluyó.
Maduro es considerado por la oposición como ilegítimo, al alegar que su segundo mandato, que comenzó en enero, se basa en una reelección que obtuvo en unos comicios en los que sus principales competidores tuvieron prohibido participar.
