El primer ministro británico, Boris Johnson, volvió a defender este miércoles su proyecto de ley para regular el mercado interno tras el Brexit entre críticas de la UE y de la oposición política y dimisiones en su equipo legal, en desacuerdo con un texto que viola la legislación internacional.

En una comparecencia ante la Comisión de enlace de la Cámara de los Comunes, adujo que la ley, que el lunes superó su primer trámite parlamentario, es necesaria para blindar "la integridad territorial" del Reino Unido ante una "interpretación extrema" del Acuerdo de retirada suscrito con la Unión Europea (UE) el pasado enero.

Tras intensas negociaciones, el Gobierno conservador logró pactar a última hora con sus diputados unas enmiendas al texto que evitarán una revuelta en sus filas cuando el próximo martes se debatan en el Parlamento las disposiciones referidas a Irlanda del Norte.

En un comunicado conjunto con Downing Street, el parlamentario "tory" Bob Neill, crítico con el enfoque gubernamental, anunció que el Ejecutivo ha accedido a permitir que la cámara baja deba aprobar, mediante la votación de una moción, el eventual uso de las controvertidas competencias incluidas en el texto.

La oposición al polémico proyecto de ley del Mercado interno del Reino Unido ha motivado la dimisión de dos miembros del equipo legal del Gobierno, Jonathan Jones y Richard Keen, abogado del Estado para Escocia, tras admitir el Ejecutivo que socava el protocolo destinado a evitar una frontera física en la isla de Irlanda al fin del periodo transitorio, el 31 de diciembre.

ACUSACIONES A LA UE

En su comparecencia ante los presidentes de los distintos comités parlamentarios, Johnson indicó que su ofensiva legislativa responde al hecho de que no cree que la UE esté negociando "de buena fe" la futura relación bilateral, aunque concedió que podría "estar equivocado".

Sostuvo que Bruselas no ha querido ofrecer "garantías" de que no dificultará la circulación de bienes dentro del Reino Unido si no hay un pacto comercial británico-comunitario antes de la fecha límite de finales de diciembre.

Con el objetivo de impedir que "rompan el país", su Ejecutivo ha presentado el polémico proyecto, que regularía el comercio interior en ausencia de tratado bilateral y otorga poderes a los ministros para anular ciertas disposiciones incluidas en el protocolo norirlandés del Acuerdo de retirada.

A preguntas de los diputados, Johnson aseguró también que el Gobierno aplicará "recíprocamente" aranceles a las importaciones de la UE si no se llega a un acuerdo comercial en el plazo previsto, lo que en su opinión aún es posible.

Sostuvo que el Reino Unido, que ejecutó formalmente el Brexit el 31 de enero, "no desea" una separación del bloque "sin acuerdo" y tampoco es lo que quieren "nuestros amigos y socios" del club comunitario.

BRUSELAS MANTIENE EL PULSO

El pasado jueves, la Comisión Europea (UE) amenazó con emprender acciones legales y retirarse de las negociaciones bilaterales si Londres no elimina las cláusulas controvertidas de su texto legislativo antes de final de este mes.

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, volvió a recalcar hoy a Londres que no puede "unilateralmente" cambiar o incumplir el acuerdo del Brexit, y recordó las palabras de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher de que su país "no rompe tratados".

Por su parte, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, está en Washington para defender el plan de salida de la UE, después de que la semana pasada la presidenta de la Cámara Baja estadounidense, la demócrata Nancy Pelosi, advirtiera de que el Congreso de EE.UU. no aprobará un tratado de libre comercio entre los dos países si se vulnera el protocolo norirlandés, lo que pondría en riesgo el acuerdo de paz de Irlanda del Norte.

El protocolo para Irlanda del Norte, que se aplicaría solo si no hay un pacto al final de periodo de transición, pretende evitar controles fronterizos entre las dos Irlandas.

Para ello, contempla que la provincia británica se mantenga dentro del mercado único europeo para bienes junto con la República de Irlanda (en la UE), lo que implica crear un sistema de controles con el resto del Reino Unido: uno de los aspectos clave que el Gobierno de Johnson quiere alterar.