El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), avaló ayer definitivamente la ilegalización de HB-EH-Batasuna decidida por la Justicia española en 2003 al rechazar la petición de la formación abertzale de que el caso volviera a ser examinado.

En una resolución notificada ayer, el TEDH comunica a Batasuna que ha decidido “no aceptar” su demanda de que la sentencia que este tribunal dictó el pasado 30 de junio, que consideró “proporcionada” la disolución e ilegalización de la formación abertzale, pase a la llamada Gran Sala, que estudia los casos más importantes y revisa las sentencias de las otras salas que son recurridas.

Esta decisión, adoptada por un colegio de cinco jueces, cierra la última vía que tenía Batasuna para que los tribunales se pronunciaran contra su ilegalización.

De hecho, el TEDH afirma en su resolución que la sentencia del pasado 30 de junio es firme con efectos desde el pasado día 6, día en el que se reunió el colegio.

El Ministerio del Interior ha considerado que la decisión del TEDH ratifica que el proceso de disolución de la formación abertzale se llevó a cabo respetando todos los derechos fundamentales.

Mientras, el Partido Popular ha recibido como “una buena noticia” que se haya avalado definitivamente la ilegalización, según ha asegurado la portavoz de este grupo en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.

Desde el PP del País Vasco, su presidente, Antonio Basagoiti, destacó que los argumentos utilizados por el TEDH “deberían estudiarse en las escuelas, en los institutos y en las universidades del País Vasco”.

Los socialistas vascos, a través de su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, consideraron que la resolución “echa por tierra la estrategia de algunos dirigentes del PNV que insisten en la falta de legitimidad del Gobierno vasco amparándose en que la Ley de Partidos es una ley antidemocrática”.

Por su parte, el PNV manifestó su “respeto" por la resolución, no obstante ha dicho que está “radicalmente en desacuerdo” con la Ley de Partidos por ser de “aplicación caprichosa y arbitraria”, ya que “varía sus criterios de aplicación” en función “de intereses de los responsables políticos de turno”.