El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, aprobó este viernes ampliar por dos días la financiación para la Administración federal minutos antes de que se viese abocada a cerrar a medianoche por falta de fondos.

Trump rubricó el proyecto pactado por demócratas y republicanos en el Congreso, cuyas dos cámaras aprobaron también los fondos este viernes por la tarde.

La medida permite ampliar hasta la medianoche del domingo al lunes el plazo para evitar el cierre de la Administración federal mientras, en paralelo, los dos partidos negocian un paquete de estímulo para frenar el deterioro de la economía por la pandemia.

El Congreso ya sorteó la semana pasada de manera similar el cierre gubernamental, al aprobar una extensión por una semana de los fondos para la Administración.

El futuro de la ley de gasto y el paquete de estímulo están unidos porque se espera que el rescate forme parte del acuerdo para financiar la Administración federal para el año fiscal 2021.

Los líderes demócratas y republicanos del Congreso establecieron a mediados de esta semana un marco de 900.000 millones de dólares para el paquete de estímulo, que incluiría una nueva ronda de depósitos directos a ciudadanos, fondos para las pequeñas empresas y dinero para la distribución de las vacunas contra la covid-19.

El principal escollo en las negociaciones sobre el estímulo es una propuesta de restringir, como parte del paquete, la capacidad prestataria de emergencia de la Reserva Federal, algo que los demócratas temen que pueda constreñir al futuro Gobierno del presidente electo, el demócrata Joe Biden.

La propuesta, impulsada por el senador republicano Pat Toomey, evitaría que el programa de préstamos de emergencia de la Fed -creado en virtud del primer plan de estímulo por la pandemia- continuara el año que viene, y prohibiría que el banco central iniciara un programa similar.

Otro desacuerdo tiene que ver con la exigencia del senador republicano Josh Hawley o el demócrata Bernie Sanders de ver claramente reflejada en el proyecto de ley una garantía de que habrá transferencias directas de dinero a los ciudadanos, que a su juicio deben ser de 1.200 dólares y no de 600, como está previsto ahora.