Tras un mes de confinamiento, con la frontera blindada y los colegios cerrados, Portugal ha conseguido doblegar la curva de la pandemia, que hoy dejó las muertes en mínimos de diciembre y los contagios de octubre, mientras avanza en un plan de vacunación que salta de una polémica a otra.
Según el último balance de la Dirección General de Salud (DGS), este domingo se notificaron 65 fallecidos, la cifra de muertes más baja desde el 28 de diciembre (58) y que eleva el total de víctimas de la pandemia hasta las 15.962.
También se reportaron 1.186 contagios, un número especialmente bajo que supone un mínimo desde octubre. En los días previos las infecciones se han movido en torno a las 1.500, los niveles que hubo justo antes de que la tercera ola empezase a dispararse.
Portugal, que tiene algo más de 10 millones de habitantes, acumula desde marzo 797.525 casos, de los que más de 82.000 están activos.
La caída de las cifras es muy expresiva si se compara con los picos alcanzados en enero, cuando se llegaron a registrar más de 16.000 nuevos casos y de 300 muertes diarias.
En los hospitales, donde durante la semana se asistió a una significativa caída de los internamientos, hubo un ligero repunte este domingo, debido a más ingresos en planta.
En total hay 3.316 pacientes hospitalizados con covid-19 (32 más que el dato del sábado), de los cuales 638 están en cuidados intensivos (18 menos).
CONFINAMIENTO SIN FINAL A LA VISTA
Portugal ha conseguido doblegar la curva gracias a un confinamiento en vigor desde el 15 de enero, que se fue endureciendo posteriormente y al que el 22 de enero se sumó el cierre de los colegios, una medida que se considera clave en el descenso de cifras porque eliminó millones de desplazamientos diarios.
También blindó su frontera con controles en los pasos hacia España, donde sólo se puede cruzar en casos excepcionales, y medidas sanitarias en los aeropuertos, con PCR y cuarentenas obligatorias en función de la incidencia del país de origen.
Pero las cifras de fallecidos y de hospitalizados, especialmente en las UCI, todavía están lejos de lo deseable por el Gobierno, que no tiene ninguna prisa por levantar el confinamiento y se prevé que la medida pueda alargarse durante todo el mes de marzo.
Antes de hacerlo, el Ejecutivo quiere poder reabrir las escuelas para que los niños retomen la enseñanza presencial, según explicó este sábado la ministra de Estado y Presidencia, Mariana Vieira da Silva, en un acto del Partido Socialista.
LA VACUNACIÓN, ENTRE POLÉMICAS
Al mismo tiempo que la curva baja, avanza poco a poco el plan de vacunación, que ya ha inmunizado con dos dosis a 242.929 personas y ha administrado la primera a otras 170.553, pero el proceso salta de una polémica a otra.
Durante semanas salieron a la luz centenares de casos de vacunación indebida, con dosis administradas a familiares o incluso a funcionarios incluidos en las listas sin tener prioridad, que han llevado a la Fiscalía a instaurar más de tres decenas de investigaciones, según desveló esta semana.
Las irregularidades también se produjeron por la utilización de dosis que sobraban, lo que llevó al Gobierno a ordenar que se estableciese previamente una lista de suplentes.
El último caso sonado de este tipo se produjo en Lisboa, donde el concejal de Protección Civil, Carlos Manuel Castro, dimitió esta semana después de haber sido vacunado con dosis sobrantes de residencias.
El primer coordinador de la vacunación, Francisco Ramos, dimitió después de identificar irregularidades en la selección de sanitarios para recibir dosis en el Hospital de la Cruz Vermelha, donde presidía la comisión ejecutiva.
CONTROVERSIA POR LOS GRUPOS PRIORITARIOS
La definición de los grupos prioritarios tampoco ha estado exenta de controversia, especialmente después de que se incluyese a los titulares de órganos de soberanía en la segunda fase, que ya ha dado comienzo.
El debate llevó a ajustar las listas de cargos públicos que serían vacunados e incluso varios diputados rechazaron gozar de prioridad.
Pero la escasez de vacunas ha llevado a Portugal a revisar el plan para esta segunda fase, en la que el 90 % de las dosis que lleguen se dedicarán al objetivo de "salvar vidas": a los mayores de 80 años y a los enfermos de riesgo.
Por ello, sólo el 10 % se destinará a "reforzar la resiliencia" de los servicios esenciales del Estado, que incluyen, además de a cargos públicos, a bomberos, fuerzas de seguridad y al resto de sanitarios.
La decisión no ha sido bien recibida por las fuerzas de seguridad, que verán ralentizarse su vacunación, e incluso el Sindicato Nacional de la Policía (Sinap) aseguró que está estudiando recurrir a la justicia y solicitar medidas cautelares.
El nuevo coordinador del plan, el vicealmirante Henrique Gouveia e Melo, señaló recientemente en una entrevista a RTP que la vacunación alcanzará la "velocidad de crucero" en verano.
