La represión de las fuerzas de seguridad de Birmania (Myanmar) ha causado más de 800 muertos desde el golpe de Estado que el pasado 1 de febrero aupó a la junta militar al poder y a pesar del reciente compromiso de los uniformados de detener la violencia contra los civiles.

Según los últimos datos de la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos (AAPP), 802 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe, mientras que 5.210 han sido detenidas y se han emitido órdenes de arresto contra otras 1.699.

El goteo de muertos ha continuado en las últimas semanas pese al compromiso adquirido por el general Min Aung Hlaing, líder de la junta, de parar la violencia contra civiles durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrada en Yakarta el pasado 24 de abril.

Desde esa fecha y hasta el lunes, más de 50 personas han muerto a manos de los fuerzas de seguridad en todo el país.

El general golpista Min Aung Hlaing dio el visto bueno a un comunicado que recoge además el compromiso para "un dialogo constructivo entre todas las partes para buscar una solución pacífica" y la intervención mediadora de la ASEAN, pero pocos días después del acuerdo alegó que la violencia se detendría una vez que el país estuviera estabilizado.

La violencia en los últimos días se ha concentrado en Mindat, una pequeña ciudad del noroeste de Birmania, donde el Ejército birmano y una milicia civil prodemocrática han combatido durante días.

El domingo, el Ejército forzó la retirada del recién formado grupo de la Fuerza de la Defensa Chin, tras un asedio contra la población civil con bombardeos aéreos y artillería pesada, que ha dejado al menos 9 muertos.

Según el periódico digital Myanmar Now, las fuerzas de la junta militar tomaron Mindat durante la tarde del sábado y forzaron la retirada de la milicia civil, que prefirió parar los combates dentro de esta ciudad de 50.000 habitantes para evitar su destrucción.

Varias guerrillas de las minorías étnicas, que representan un tercio de los 53 millones de birmanos, llevan alzadas en armas desde hace décadas para pedir más autonomía o la independencia y algunas han expresado su apoyo al movimiento de desobediencia civil contra la junta militar.

NUEVAS SANCIONES

La persistencia de la violencia llevó este lunes a Estados Unidos, Reino Unido y Canadá a imponer nuevas sanciones coordinadas contra los militares.

EEUU dirigió sus medidas contra la junta militar como organismo y a 13 de sus integrantes, que no podrán acceder a sus activos en EEUU y no podrán hacer negocios con ciudadanos estadounidenses.

"Nuestras acciones de hoy subrayan nuestra resolución para que nuestros socios apliquen presión política y financiera sobre el régimen siempre que no logre detener la violencia ni tome acciones significativas para respetar la voluntad de la población", dijo en un comunicado el secretario de Estado Antony Blinken.

Por su parte, Canadá indicó que ha impuesto sanciones adicionales sobre entidades e individuos ligados a las fuerzas armadas de Birmania mientras que el Reino Unido anunció sanciones contra la empresa estatal Myanmar Gems Enterprise, también sancionada previamente por EEUU.

El Ejército justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido de la nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que cuentan con el aval de los observadores internacionales.