Las salidas de solicitantes de asilo y migrantes desde Grecia a otros países casi doblaron a las llegadas durante los primeros cinco meses del año, según anunció este miércoles el ministerio de Migración heleno.
En este período, 4.951 personas partieron para ser reubicados en otros países de la Unión Europea (UE) o fueron reasentados o deportados a terceros países.
Mientras, tan sólo 2.891 personas accedieron a Grecia de forma ilegal a través de las islas del Egeo o la frontera terrestre con Turquía, un 68 % menos que en el período equivalente del año pasado.
También se redujo el número de solicitantes de asilo alojados en las islas del Egeo hasta los 10.289, un 71 % menos que el mayo anterior. En todo el país esta cifra cayó un 42 % en comparación con 2020.
El ministro de Migración, Notis Mitarakis, dijo hoy que tras el éxito en la reducción de los flujos migratorios, el próximo paso es publicar para su consulta pública en los próximos días un proyecto de ley que intentará aumentar las deportaciones y devoluciones.
La nueva ley pretenderá reducir aún más el acceso a protección internacional en Grecia, permitiendo a las autoridades fronterizas no examinar en profundidad las demandas de asilo de los interceptados al cruzar. En la práctica, podría legitimar una política ya en marcha, que ha llevado a docenas de organizaciones no gubernamentales e instituciones internacionales a denunciar decenas de devoluciones ilegales sumarias en el último año.
Además, el ministerio de Migración firmó hoy un acuerdo con la Universidad del Egeo para que ésta investigue si, a raíz del incendio que destrozó el pasado septiembre el infame campo de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos, el suelo o las aguas de la zona han podido verse contaminadas.
Por su parte el ministerio se ha comprometido a financiar la restauración completa de la zona para su devolución a los vecinos, en un intento por borrar todo rastro de uno de los mayores símbolos del fracaso de la gestión migratoria europea.
Este fin de semana, en relación con el incendio que destruyó Moria, cuatro afganos fueron condenados a 10 años de prisión tras ser declarados culpables por un tribunal de la isla de Quíos de incendio provocado con peligro para la vida o integridad física de las personas y el agravante de destrucción de bienes.
No se reconocieron atenuantes, a pesar de que todos eran menores cuando ocurrieron los hechos. El juicio se celebró a puerta cerrada por la pandemia y no se permitió el acceso ni a los medios de comunicación ni a los observadores internacionales que lo solicitaron.
