La grave crisis institucional que se vive en Túnez desde el pasado día 25, cuando el presidente del país, Kais Said, destituyó al primer ministro, Hichem Mechichi, y asumió plenos poderes parece haberse agravado hoy al darse a conocer un caso de supuesta financiación ilegal de partidos
El tribunal especializado en delitos económicos y financieros anunció hoy la existencia de una investigación sobre la presunta financiación de campañas electorales desde el extranjero y a través de donaciones anónimas que afectan a las dos principales fuerzas parlamentarias: el partido islamista Ennahda y el liberal Corazón de Túnez, que entre ambos suman 81 de los 217 diputados del parlamento.
Asimismo, la justicia ha abierto una investigación contra la Instancia Verdad y Dignidad (IVD), que investigó la corrupción y las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Túnez durante las últimas seis décadas, por delitos de sospecha de fraude, documentos falsificados y obtención de ventajas de forma desleal, reveló el portavoz de este organismo, Mohsen Dali, en declaraciones a la prensa local.
Said presidió hoy una reunión en el palacio presidencial en presencia de diferentes miembros del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas así como de altos cargos de seguridad, declaró la Presidencia de la República en un escueto comunicado de prensa en el que no desveló los motivos de este encuentro.
Apenas 24 horas antes, Said decretó la destitución de una veintena de altos funcionarios del Estado y de la presidencia del Gobierno como el Fiscal general del Estado, el secretario general del Gobierno y el jefe de la Autoridad General de Resistentes, Mártires y Heridos de la Revolución y de Operaciones Terroristas así como los consejeros del exprimer Ministro, según la publicación del Boletín Oficial del Estado (JORT).
CRISIS MULTIDIMENSIONAL
A la crisis política que arrastra el país desde principios de año, con las diferentes presidencias enfrentadas, se añade la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus que desde finales de junio deja cada día más de un centenar de fallecidos, la tasa de mortalidad más alta del continente africano según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por ello, el responsable de este organismo en Túnez, Yves Souteyrand, se reunió hoy con el ministro interino de Sanidad, Mohamed Trabelsi, para preparar el lanzamiento de un nuevo programa de ayuda médica que incluye generadores y concentradores de oxígeno debido a la carestía de esta materia en el país y que le ha obligado a importar de Argelia o Kuwait.
Según las autoridades sanitarias, actualmente cerca de un millón de los doce millones de tunecinos ya ha recibido la pauta completa de vacunación y el país recibirá en los próximos días 156.000 dosis de de AstraZeneca y otras 200.000 de Pfitzer.
El balance oficial deja hasta ahora más de 575.000 casos y 18.968 fallecidos desde el comienzo de la epidemia.
El pasado día 25, Said anunció el cese del jefe de Gobierno y la suspensión de la Asamblea durante 30 días así como la retirada de la inmunidad parlamentaria a todos los diputados "para recuperar la paz social y salvar al Estado", decisión que la mayoría de las fuerzas políticas, calificaron de "golpe de Estado".
Said argumentó que hacía uso del artículo 80 de la Constitución que le otorga el poder de tomar medidas "excepcionales" ante un "peligro inminente" tras consultar con el jefe de Gobierno y el presidente del Parlamento.
Según la Constitución, el objetivo es garantizar un funcionamiento regular del poder público "lo antes posible", sin embargo, el Tribunal Constitucional -pendiente de creación desde 2015- debe supervisar dicho proceso y decidir sobre su extensión.
Túnez inició su transición democrática en 2011 con la llamada 'Revolución de los Jazmines', que puso fin a dos décadas de la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, y durante la cual se han sucedido un total de diez gobiernos que han agravado todavía más la crisis económica y social.
