IU ha reclamado la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la constructora Corsán-Coviam, el cual ya ha sido "aprobado por el Gobierno" y supondrá el despido de 44 de los 77 trabajadores que conforman la plantilla en Granada.
El representante de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta en Granada, Vicente Pérez, y la parlamentaria andaluza de IU María del Carmen Pérez han comparecido este lunes junto a una de las obras que está realizando Corsán en la Caleta para manifestar su "solidaridad y apoyo" a los trabajadores.
Allí han explicado que hay cuatro obras de la provincia que pueden estar "especialmente afectadas por la rescisión de estos contratos", como el tramo del AVE entre Pinos Puente y Mercagranada, la A-7 en el tramo la Gorgoracha-Puntalón, los nuevos quirófanos y aparcamientos del Hospital Virgen de la Nieves y la Facultad de Medicina.
"Unas obras por valor de 195 millones de euros" que les hace pensar que esta empresa tiene beneficios, por lo que creen que el ERE es "injustificado y supondrá un palo para la provincia", tanto por el posible retraso que se puede producir en las infraestructuras como por el "aumento del paro".
Según sus datos, la empresa tiene una facturación de "3.372 millones de euros, con un beneficio bruto de 393 millones y un total de 8.900 trabajadores, unos ingresos de más de 1.085 millones y una cartera de negocio de 3.364 millones, la mayoría de ellos en materia de infraestructuras, muchas de ellas e nuestra provincia".
Pérez ha acusado de "irresponsables" a los distintos gobiernos del PSOE y del PP por ser "incapaces de concluir unas obras que podían estar de sobra terminadas" y porque "nuevamente dejan aplicar una regulación de empleo injustificada".
SEGUNDO ERE
Según han relatado, esta empresa de ámbito internacional y una de las más importantes que trabajan en España, "ya presentó un ERE en octubre de 2012" que afectó a buena parte de la plantilla.
"Ahora vuelve a presentar un nuevo expediente de regulación de empleo que afecta al 33 por ciento de la plantilla estatal y que en Granada es especialmente duro", ya que "lo hará a un 61 por ciento del personal que está trabajando en el cómputo de la provincia, con lo que sólo quedarían en plantilla 33 trabajadores".
La formación cree que estos despidos persiguen "poner en la calle a trabajadores de cierta edad que disponen de sueldos y derechos adquiridos a lo largo de los años, lo que supondría un considerable ahorro para la empresa para después ir sustituyéndolos con gente nueva a precio de mercado y sin derechos de ningún tipo", añaden.
En este contexto, IU ha ofrecido su colaboración para participar en todas las movilizaciones que se organicen y desde las instituciones donde ejerce el gobierno.
