La asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada), Francisca Granados, ha negado este miércoles ante la juez haber cometido intrusismo profesional en su labor en el caso de Juana Rivas y ha opinado que la querella que el Colegio de Abogados de Granada ha presentado contra ella por este motivo está "instrumentalizada" para "ir en contra de la igualdad entre hombres y mujeres".

Granados ha declarado durante algo más de una hora en el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada en calidad de investigada por este asunto, en el que se dirime si se excedió en sus funciones, desempeñando otras que sólo puede ejercer un abogado, en el caso de Juana Rivas.

Esta madre de Maracena se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel por presunta sustracción de menores tras permanecer casi un mes en paradero desconocido incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregar a sus hijos al padre.

En declaraciones a los medios a su salida del Juzgado, Granados ha defendido que su labor, "como la del resto de compañeras de los centros de atención a la mujer" del país, "es clara, está publicitada y es transparente".

Garantiza que siempre ha trasladado "con la máxima claridad" sus funciones como asesora jurídica, una labor que desempeña desde hace 26 años, y se ha mostrado "absolutamente tranquila" porque a su modo de ver esta querella "no responde a cuestiones técnicas, sino de carácter ideológico", dirigiéndose en contra "de un servicio público que se viene ejerciendo por cientos de profesionales y que está avalado por la normativa".

Es por tanto, según ha enfatizado, una denuncia "instrumentalizada" para "ir en contra de la igualdad de hombres y mejores" y ha tachado de "decepcionante" que el Colegio de Abogados granadino "invierta sus recursos y su tiempo" en dirigirse "contra los servicios de atención especializada a las mujeres víctimas de la violencia de género" en vez de en formar a su personal para "una mejor protección" de este colectivo especialmente vulnerable.

Aproximadamente una decena de mujeres, algunas de otros centros de la mujer de la provincia, se han desplazado hasta el edificio judicial de La Caleta en señal de apoyo a Granados, recibiéndola con aplausos cuando ha salido del Juzgado.

"DEFENSA DE LA PROFESIÓN"

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, ha enmarcado esta querella en "la defensa de la profesión frente a quien no tiene los requisitos legales para ejercerla".

"Sin entrar a valorar las ventajas del centro de la mujer", que según ha defendido hacen "una labor magnífica", Torres ha incidido en que si en ellos se ofrece asesoramiento jurídico "tienen que contratar abogados" y no personas que no lo sean, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otras, recoge que "es una función exclusiva" de los letrados. El delito de intrusismo profesional está penado con multa de seis a doce meses.

El decano del Colegio de Abogados granadino ha opinado que la "constante aparición" de Francisca Granados al lado de Juana Rivas durante las apariciones públicas que ha tenido este mediático caso pueden hacer entender que ella era la persona que llevaba la dirección jurídica en su causa.

En este sentido, ha hecho hincapié en que los ciudadanos no tienen por qué entender los matices técnicos y cuando se dirigen a estos centros de la mujer lo hacen pensando que "les van a atender abogados", por lo que se "está haciendo una labor contraria" a este colectivo.

A la vista de la declaración de este miércoles, que ha arrancado a las 10,00 horas y se ha prolongado durante algo más de una hora, el Colegio de Abogados ha anunciado que pedirán una ampliación de pruebas para llamar a declarar a personas que puedan contribuir a arrojar luz en la postura que mantienen.