Fue en agosto pasado cuando SOMUCSA comunicó a estos empleados la rescisión de los contratos que mantenían desde hacía años con el Ayuntamiento; en la carta de despido, se esgrimían supuestas causas productivas, organizativas y económicas. Tras presentar los empleados una demanda, el juicio se celebró en enero pasado en el Juzgado de lo Social número 4 de Málaga, después de que la empresa se negara a alcanzar ningún acuerdo en el acto de conciliación obligado por Empleo en septiembre. Tras las vistas, la jueza María Jesús Román ha resuelto la improcedencia del despido, obligando a la empresa a readmitir a los trabajadores o pagarles 45 días por año trabajado, más del doble de los 20 que decidió abonar SOMUCSA.
La magistrada, de una parte, pone de manifiesto en su sentencia que los despidos no cumplieron con los requisitos exigidos en el Estatuto de los Trabajadores. Según han manifestado los empleados, aunque el despido se hizo efectivo en septiembre, la empresa lo comunicó en agosto, y les obligó a tomar de forma obligada unas vacaciones para no pagarles estos días en la indemnización, situación que fue denunciada, junto a un retraso en el pago de la misma. Pero además, la sentencia asegura que los motivos del despido no fueron objetivos, ni objetivamente explicados a los empleados, a quienes se informó de los mismos de manera «vaga e imprecisa», dice la sentencia. Y añade que la supuesta mala situación económica no ha sido probada por el Ayuntamiento: «Las afirmaciones se hacen de forma genérica, y se obvian datos como que SOMUCSA es una empresa participada por el Ayuntamiento, que es quien aporta ingresos».
Tras la sentencia, los empleados han mostrado su satisfacción, al entender que «se hace justicia ante unos despidos cargados de mala fe. El PP utilizó una mala situación económica para tomarse una venganza en SOMUCSA, donde los menos responsables eran sus empleados. Hay que tener mucha sangre fría para, ante la crisis económica y las dificultades para encontrar empleo, el PP haya hecho pagar los males de un Ayuntamiento de más de 1.000 empleados sobre las espaldas de unos pocos trabajadores, de una empresa muy concreta», han defendido los despedidos. «Han jugado con nuestro futuro, con nuestras familias y nuestros sentimientos, y para eso hay que tener mal corazón, porque nosotros no somos responsables de absolutamente nada. No entendemos que si defienden la necesidad de despidos se produzcan contrataciones vinculadas con las tareas de comunicación en el Ayuntamiento, porque entonces queda claro que aquí lo que realmente ha habido es una caza de brujas o una venganza que no entendemos, al haber sido utilizados como cabezas de turco», han indicado.
Aunque los empleados decidieron no solicitar el despido nulo en su demanda, entienden que las razones esgrimidas por el Partido Popular no son ciertas, al haber anunciado esta formación antes de llegar al Gobierno y, por supuesto, de conocer siquiera las cuentas de SOMUCSA que habría despidos en Radio Ronda: «Durante la campaña, ya el PP dijo que despediría a gente. Y después llegó lo de la situación económica. Pero queda claro que intenciones tenían y la economía volvió a ser el perfecto argumento», han declarado estos empleados.
CANTIDADES IMPAGADAS
Tras el despido de estos empleados, SOMUCSA no les abonó siquiera la totalidad de la indemnización de 20 días por año trabajado, dejando el total del pago en manos del Fondo de Garantías de la Junta. Ahora la juez solicita el pago de 45 días. Pero además, la empresa dejó a deber el sueldo de un mes y cinco días, que aún no ha sido pagado, así como las indemnizaciones por vacaciones. La empresa, tras la decisión del juzgado malagueño, tendrá que hacer frente además al pago de los llamados salarios de tramitación.
Contra la sentencia cabe recurso de Suplicación. SOMUCSA ha tenido que depositar en el juzgado una fianza de 300 euros.
