Los dos despidos que PP y PA hicieron efectivos en la emisora municipal Radio Ronda tan sólo unas semanas después de llegar al poder en el Ayuntamiento han acabado costando a las arcas públicas la friolera de 50.000 euros, tras que la empresa se negara a negociar estos despidos con los dos ex empleados a los que una jueza concedió finalmente la improcedencia de los mismos, algo que reclamaron ambos trabajadores demandando a la Sociedad Municipal que dirige la radio.
Tal cantidad ha acabado pagándose esta misma semana tras una suma de despropósitos que han llevado incluso a la empresa a sufrir el embargo de una de sus cuentas, hecho motivado tras reclamar la ejecución de sentencia los abogados de la parte demandante al no hacerse efectivo el pago por parte del Ayuntamiento una vez que la jueza, en febrero pasado, dictó sentencia. De hecho, ha sido el Juzgado el que ha puesto a disposición de los ex trabajadores los mandamientos de pago. Entretanto, decisiones de la empresa aumentaron considerablemente el coste final del proceso, puesto que ésta se negó a alcanzar ningún acuerdo con los ex trabajadores. Tuvo una oportunidad para hacerlo en septiembre de 2011, en el acto de conciliación, donde el representante de SOMUCSA mostró la negativa de la empresa a alcanzar ningún tipo de acuerdo. Toda vez que se interpuso la demanda, la segunda oportunidad pasó por la vista celebrada en enero de este año, antes de la cual tampoco hubo acuerdo porque no lo quiso el Ayuntamiento. De este modo, al considerar la jueza que los despidos son improcedentes, la empresa no sólo ha tenido que hacer frente al pago de indemnizaciones de 45 días por año trabajado (en vez de 20, como pretendía el PP), sino que ha tenido también que abonar 171 días por los llamados salarios de tramitación. Tal hecho ha encarecido el proceso para las arcas municipales en casi 23.000 euros. Al final, la cantidad total asciende concretamente a 47.690,30 euros, si bien a ella todavía hay que sumar el pago de los intereses, que también han reclamado los abogados de los empleados, puesto que ha sido esta misma semana cuando han cobrado estas cantidades pese a haberse dictado sentencia en febrero. Ocurre que, para colmo de males, SOMUCSA recurrió la sentencia, desestimándose también dichos recursos.
LA JUEZA NO CREYÓ A SOMUCSA
En agosto de 2011 SOMUCSA comunicó a estos empleados la rescisión de los contratos que mantenían desde hacía años con el Ayuntamiento; en la carta de despido se esgrimían supuestas causas productivas, organizativas y económicas. Tras presentarse una demanda, la magistrada María Jesús Román, del Juzgado de lo Social número 4 de Málaga, resolvió la improcedencia de ambos despidos, y obligó a la empresa a readmitir a los trabajadores o pagarles. SOMUCSA decidió pagar.
La magistrada vino a decir que el Ayuntamiento no fue capaz de demostrar la supuesta mala situación económica esgrimida para los despidos. Concretamente, en su sentencia vino a decir que los despidos no cumplieron con los requisitos exigidos en el Estatuto de los Trabajadores, al obligar la empresa a los empleados a tomar vacaciones para no pagarles estos días en la indemnización y retrasarse además en el pago de la misma; pero además la sentencia aseguró que los motivos del despido no fueron objetivos, ni objetivamente explicados a los empleados, añadiendo que la supuesta mala situación económica no ha sido probada por el Ayuntamiento: «Se obvian que SOMUCSA es una empresa participada por el Ayuntamiento, que es quien aporta ingresos», regañaba el escrito de la jueza.
PP y PA sí que quisieron evitar una segunda demanda de estos empleados en junio pasado, y pagaron las nóminas atrasadas, así como las vacaciones y la paga extra que debían aún a estos trabajadores un año después de haber sido despedidos. La sociedad evitó esta otra demanda alcanzando, esta vez sí, un acuerdo previo en el acto de conciliación celebrado, abonando los atrasos, casi 5.000 euros más.
LOS TRABAJADORES, SATISFECHOS: "FUE UNA CLARA CAZA DE BRUJAS, UNA PURGA"
Los empleados están satisfechos: “Se ha hecho justicia ante unos despidos cargados de mala fe. El PP utilizó una mala situación económica para tomarse una venganza en SOMUCSA, donde los menos responsables eran sus empleados. Hay que tener mucha sangre fría para, ante la crisis económica y las dificultades para encontrar empleo, poner en la calle a unos trabajadores de una empresa en un Ayuntamiento de 1.000 personas. Han jugado con nuestro futuro y el de nuestras familias. Hay que tener mal corazón. Si no hay dinero, no entendemos cómo se producen contrataciones vinculadas con las tareas de comunicación en el Ayuntamiento cuando ha habido despidos. Podríamos haber pedido el despido nulo, porque el PP anunció lo que iba a hacer antes de gobernar, en la campaña, y antes de conocer las cuentas. Ha sido una farsa política”.
