La delegada municipal de Economía, Mª Carmen Martínez, ha anunciado que ya se está trabajando en los estudios previos y posterior elaboración de las ordenanzas fiscales de cara al ejercicio del año 2020. Esta labor se inicia en este mes de agosto para que haya tiempo suficiente para la tramitación pública y recoger las sugerencias de colectivos, ciudadanos y partidos políticos.
La concejal ha avanzado las líneas fundamentales que se pretenden seguir el próximo año. En primer lugar, en relación al Impuesto de Bienes Inmuebles, se pretende ajustar los tipos de gravamen aplicables para modular el incremento anual progresivo de las cuotas derivados de la revisión catastral que empezó a aplicarse en 2013, manteniendo los niveles de cutoa de 2019 y conjugándolo con una reducción de valores catastrales de inmuebles urbanos solicitada por el Ayuntamiento a la Dirección General del Catastro.
También se pretende recuperar la igualdad en las medidas de fomento y apoyo a las familias numerosas, sin que exista diferenciación de ningún tipo entre ellas, respecto de la vivienda habitual de la unidad familiar. Una medida novedosa será el fomento para la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, pretendiendo regular una bonificación del 30% de la cuota íntegra del impuesto para los inmuebles en que se hayan instalado dichos sistemas.
Martínez ha añadido que se pretende mantener los coeficientes reductores a la base imponible a efectos de la cuota tributaria del Impuesto Sobre Construcciones y Obras en las Licencias Municipales que se soliciten. A ello hay que añadir que, para aliviar la carga fiscal derivada de la conocida como plusvalía, se pretenden modular las cuotas resultantes, ajustando a la baja el tipo de gravamen y mejorando las bonificaciones de las operaciones dentro de la rama familia.
Por último, en cuanto a la tasa de recogida de basuras y tratamiento y gestión de residuos sólidos urbanos, se pretende mejorar la tarifa especial para minusválidos modificando el grado de minusvalía exigible para poder acogerse a la misma, del 60% al 33%.