A modo de respuesta a la premura que pedían desde la delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Rota esta semana solicitando la documentación municipal correspondiente para el proyecto de rehabilitación del complejo de La Forestal, el primer teniente de alcalde, Daniel Manrique, ha manifestado el motivo por el cual, desde la administración autonómica, señalaban al consistorio de tener pendiente la presentación de los informes en cuestión.
Echando la vista atrás sobre el proyecto de rehabilitación de La Forestal, se había evidenciado que se estaban dando pasos en la puesta en marcha de un proyecto para convertir la Forestal en un centro turístico y medioambiental pero, para Manrique, debido a las últimas declaraciones ofrecidas desde la delegación que dirige el roteño Óscar Curtido, esta no cree que sea “una oportunidad de oro”.
El quid de la cuestión radica en la delimitación de las fincas que conforman el Monte público Dunas de Rota. Entre las parcelas, Manrique ha explicado que, según el informe presentado por la Junta, algunas incorporadas en el plan catastral de la administración no corresponden a este monte, cuya competencia es la Junta de Andalucía, sino que son de propiedad municipal como el espacio de la estación de bombeo, el bar al lado de la instalación, el campo de fútbol, el de fútbol 7 de albero, el campo de voleibol, la zona de aparcamiento y la zona ahora que alberga un parque infantil.
Manrique explicó en rueda de prensa que la Junta albergaría en el registro catastral de la zona, parcelas que son municipales. 5.400 m2 que serían parcelas municipales que la Junta pretende incorporar a la delimitación. Catastro Inmobiliario, el registro administrativo del ministerio del Interior, pide a la Junta que esta debe solicitar la conformidad al Ayuntamiento de Rota porque se están incorporando a la delimitación parcelas que no son de su competencia. Así, el teniente de alcalde ha mostrado la carta que el delegado territorial envía al alcalde para dar conformidad al estudio del catastro realizado por la Junta.
Para los técnicos municipales de la delegación de Patrimonio, el planteamiento de la Junta es “completamente ilegal porque implicaría que el Ayuntamiento permitiese que parte del suelo municipal se integrara en el monte público cuando no lo es sin ningún tipo de motivo ni compensación y, en segundo lugar, estas fincas son bienes demaniales y no puede haber ninguna transacción jurídica sobre las mismas”. Manrique puso de manifiesto que estas parcelas son municipales desde que fueron expropiadas por el Gobierno central cuando eran de su competencia y existe un convenio firmado entre la consejería de Medioambiente y el Ayuntamiento de 2001 donde se dice que las parcelas son de propiedad municipal.
Desde el Ayuntamiento, dice Manrique, pensaban que era un error técnico “y ni siquiera hemos salido en prensa para decir que la voluntad del delegado fuera quitarle 5.000 m2 a fincas municipales”. El pasado diciembre, los técnicos de la delegación municipal de Patrimonio y los de la delegación territorial de Medioambiente de la Junta, mantuvieron una reunión para aclarar lo sucedido. Desde este momento, dicen, no haber recibido más noticias tras la reunión salvo la carta del delegado territorial, “como para dejar ver que el tema de la Forestal no quiere firmar”.
“Esta situación es demencial porque ya no sabemos si la voluntad de hacer esta alteración catastral es para generar un problema o para entrar en un elemento de confrontación con el Ayuntamiento”, dice Manrique. Este ha pedido que, para desbloquear este asunto, la delegación territorial presente el expediente de desahucio “porque sigue habiendo ocupas” y que licite este complejo. En resumen, la opción que propone el Ayuntamiento es que se altere la resolución catastral con sus parcelas municipales y sin afectar a la propiedad municipal.
Este acusa al delegado territorial de estar haciendo política con los intereses de los roteños porque incide, “el tema de la Forestal no depende Ayuntamiento porque no tiene competencia en los procedimientos de desahucio ni puede intervenir en el proceso de alteración catastral. Lo que Curtido pretende es que el alcalde le firme un documento para que parte de suelo municipal se incorpore a la Junta de Andalucía y eso no lo podemos consentir”, dice el teniente de alcalde.
