Izquierda Unida de Rota lanza un comunicado de prensa para catalogar de "nefasta" a la gestión del Servicio Andaluz de Salud por parte del PP andaluz y de Moreno Bonilla tras las recientes informaciones que exponen la imputación de un alto cargo andaluz por la adjudicación a dedo de 235 millones en contratos troceados con clínicas privadas. Actualmente, el gobierno de Moreno Bonilla tiene dos causas judiciales abiertas, en Sevilla y en Cádiz, relacionadas con la contratación a dedo con la sanidad privada y cuatro altos cargos que están siendo investigados (los tres últimos gerentes del SAS en la primera -por posible prevaricación- y un directivo de compras en la segunda -por posible malversación).
Se tratan de dos causas distintas y dos tipos de contratación distintas, pero son dos juzgados de diferentes provincias investigando posibles delitos por parte de la Junta de Andalucía en las adjudicaciones a dedo de dinero público a empresas privadas. En este sentido, se estarían eludiendo los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación a dedo.
Raquel Martínez, coordinadora de Podemos Andalucía, ha explicado que los informes apuntan a un fraccionamiento masivo de contratos que supone graves consecuencias para nuestro sistema de salud. En la denuncia, de la que hoy conocemos la primera imputación de un alto cargo a las órdenes del gobierno andaluz, se detalla que los informes de Intervención aportados por la junta determinan el valor económico de las adjudicaciones en cada una de las provincias.
De este modo, se concretó que en Huelva se adjudicaron por ese sistema más de 91 millones de euros, en Jaén fueron casi 70 millones, en Córdoba 61 millones y en Cádiz 235 millones de euros, la cantidad más alta de los cuatro territorios. La jueza del caso ha acordado practicar diligencias de investigación y pedir a la intervención de la Junta de Andalucía que informe sobre las irregularidades cometidas en relación con los hechos denunciados y el funcionario público que las llevó a cabo.
Además, se da traslado al fiscal de delitos económicos a fin de que interese diligencias a practicar, cuyo resultado ha sido la imputación del director económico del SAS en Cádiz. En palabras de Inmaculada Nieto, portavoz del Grupo Parlamentario “Por Andalucía”: "la privatización de la Sanidad en Andalucía está haciendo mella en la manera en que están siendo tratados nuestros profesionales de los centros hospitalarios públicos y en la atención recibida por los andaluces y andaluzas en el sistema público de salud".
