El PP ha recogido, aunque con matices, la petición de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para que la Ley de Economía Circular incluya el carácter finalista del impuesto de vertederos, vigente desde el 1 de enero de 2023, de forma que esa recaudación será destinada no a los municipios en sí, que son los que mayoritariamente gestionan los residuos urbanos no peligrosos, sino a “políticas de economía circular”
Así, en la aprobación del Informe de la Ponencia sobre el Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía en comisión parlamentaria, el PP propuso una enmienda en la que en la disposición adicional sexta de la norma se incluía el carácter finalista de este impuesto, una petición que también recogían PSOE y Por Andalucía en sus propuestas.
Según fuentes del PP, el objetivo es que sea un impuesto finalista, tal y como reclamaba la FAMP, pero sin un “único destino”, huyendo del “modelo del canon del agua” que fija el destino de lo recaudado.
Se pretende “garantizar que la finalidad de los recursos extraídos de ese impuesto se destine a ese fin”, es decir, a medios humanos, mejoras, ampliación, mantenimiento y construcción de infraestructuras, estructuras, medios materiales, planificación, seguimiento y control.
Enmienda aceptada
La enmienda fue admitida por PSOE y Por Andalucía, destacando los populares el “alto grado de consenso” en este paso legislativo de la Ley GICA con la admisión de más de 70 enmiendas y 45 transaccionales, debate que continuará en el Parlamento antes de que se lleve a Pleno para su aprobación, insisten.
El impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, que pretende reducir al mínimo (un 10% es el objetivo) la basura que finalmente se entierre en un vertedero entró en vigor en enero y, principalmente, serán los Ayuntamientos los que tengan que abonarlo, a razón de 30 euros por tonelada si los residuos están tratados y a 40 si no lo están. De ahí el interés de la FAMP en que su recaudación revierta directamente en los Ayuntamientos. No serán directamente los municipios los destinatarios sino políticas de economía circular.
El literal del texto
Así, la enmienda del PP recoge que la Consejería de Hacienda asignará los ingresos derivados del impuesto “a financiar políticas en materia de economía circular” y establece varios apartados. El primero se destinará al impulso de esa economía “incluidos medios humanos y técnicos” de la Administración autonómica, entre ellos los necesarios para la ejecución de las medidas que recoge a continuación.
Estas medidas son las “inversiones para la mejora, ampliación, mantenimiento y construcción, medios materiales, así como los gastos de comunicación, formación y sensibilización asociados, tanto en materia de recogida como de tratamiento de residuos, prioritariamente municipales, conforme a las previsiones de los instrumentos de planificación en la materia”.
El segundo apartado se refiere a los “gastos de planificación, seguimiento y control de la producción y gestión de residuos, especialmente los de competencia municipal”, mientras que cierra la enmienda un apartado, el de la “clausura de infraestructuras, así como clausura y/o restauración de zonas afectadas por el depósito incontrolado de residuos u otros problemas ambientales de análoga naturaleza”.
