Representantes de varios ayuntamientos de la ribera del Guadalquivir, de asociaciones de agricultores, pescadores, mariscadores y acuicultores, así como de consumidores; han celebrado este miércoles un acto ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, para registrar una carta avisando de que los vertidos al río implícitos en los nuevos proyectos mineros en la provincia de Sevilla suponen un "peligro" para la salud humana y las actividades económicas del estuario.

En concreto, han señalado el nuevo proyecto de mina subterránea con una planta polimetalúrgica que promueve Cobre las Cruces, participada por la multinacional Fisrt Quantum y responsable del anterior proyecto de mina de cobre a cielo abierto en suelos de Gerena, Salteras y Guillena; donde plantea esta otra actuación.

Además, señalan el nuevo proyecto de explotación de la mina de Aznalcóllar a manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis para la reapertura de la famosa corta minera, marcada por la devastadora catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).

En ese sentido, el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla Jesús Castillo ha avisado de que fruto de las actividades mineras desarrolladas hasta ahora, los sedimentos del río Guadalquivir "ya están gravemente contaminados con metales pesados" en su tramo comprendido entre La Algaba y Coria del Río; asegurando que incluso habrían sido detectadas "altas concentraciones de metales" en ejemplares de albur, extremo que ha atribuido a los vertidos del anterior proyecto minero de Cobre las Cruces.

De este modo, Jesús Castillo ha avisado de que más allá del impacto actual de la actividad minera de Cobre las Cruces en Gerena, Guillena y Salteras, la autorización de la reapertura de la mina de Aznalcóllar, que cuenta con autorización ambiental unificada pero no con declaración de impacto ambiental ni los permisos mineros; "multiplicaría al menos por diez este problema de contaminación" en el Guadalquivir.

Piden un comité cientítico independiente

Por eso, ha reclamado que la Junta suspenda temporalmente la concesión de nuevas autorizaciones para proyectos mineros y promueva "un comité científico independiente para el estudio de las incertidumbres" que plantean los nuevos proyectos en materia de contaminación en el río, para así adoptar "una decisión" sobre el asunto, en lugar de mantener su "posición negacionista".

El Gobierno andaluz, de su lado, defiende que toda actividad que se autoriza en Andalucía, sin excepción, "pasa por un examen exhaustivo por parte de los servicios técnicos de la Junta", que son los encargados de garantizar su viabilidad ambiental; asegurando así que el río Guadalquivir "está más que analizado y monitorizado" y que los citados nuevos proyectos mineros cuentan con medidas de depuración de agua y otras previsiones en materia medioambiental.

Manuel Delgado, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, ha alertado de su lado de los "riesgos económicos" de los citados proyectos mineros, avisando de que los vertidos previstos al río son "contrarios a la economía" tradicional ribereña y amenazan "los medios de vida de miles de familias" dedicadas a la agricultura, la pesca o el marisqueo; extremos que han corroborado los representantes de las asociaciones de agricultores, pescadores, mariscadores y acuicultores.